El retorno de la inquisición

Esta vez no es en el sótano de alguna oscura iglesia castellana donde los representantes de la iglesia católica torturaban a los herejes en la Edad Media. Ni tampoco el hereje será descuartizado ni quemado en la hoguera. Ahora los inquisidores son los magistrados del Tribunal Supremo que sientan en el banquillo al hereje, el juez Baltazar Garzón por el presunto delito de prevaricación.

Un ajuste de cuentas, dice Iñaki Gabilondo, uno de los más agudos comentaristas de la realidad española. Y cómo verlo de otra manera cuando al juez Garzón lo juzgan por las escuchas a los cabecillas de la trama Gürtel, ese tóxico que ha envenenado de corrupción a los políticos valencianos del Partido Popular. O por investigar los crímenes del franquismo.

Prevaricación es un delito que se comete cuando una autoridad, un juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta.

En el caso Gürtel, el juez Garzón ordenó  buscar pruebas  pinchando los teléfonos de los implicados en conversación con sus abogados para evitar que pudieran poner a salvo los millones con los que se habían beneficiado sobornando a los políticos valencianos. Esas escuchas estuvieron avaladas por otro jueces.y fiscales, pero esa línea de defensa fue rechazada por el Supremo, así como otras apelaciones interpuestas por la defensa de Garzón.

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Investigar los crímenes del franquismo y qué ocurrió con las víctimas cuyo destino final aún no se conoce, también es un delito para esos magistrados, que decidieron abrir la causa contra Garzón argumentando que éste también había prevaricado al investigar dichos crímenes.

La razón de la sinrazón ha triunfado por el momento. El juez que puso a Pinochet en el banquillo de los acusados en Londres, que golpeó duramente desde los tribunales a la organización vasca ETA y sentó  ante esos mismos tribunales a miembros del PSOE por corrupción, entre otros de sus sonados casos, ahora es víctima de la venganza de los que dicen defender la ley y la constitución.

Muchos de esos magistrados tienen fuertes vínculos ideológicos con esa derecha recalcitrante que ha creado una cultura de corrupción e impunidad que se parece mucho a sociedades donde la seguridad jurídica es una farsa cuando se quieren tocar los resortes del poder.

Ese juicio contra Garzón en el Tribunal Supremo, que le pueden costar hasta 17 años de suspensión en su cargo, es realmente una vergüenza y un insulto a todo intento de justicia, y es protagonizado por los últimos representantes de una generación de magistrados que crecieron respirando el fétido aliento del general Franco.