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viernes, 29 de octubre de 2021

Agrotóxicos que envenenan el planeta


Una cuestión específica que es actual en todo el mundo, sobre todo en los países de producción agrícola intensiva, es cómo manejan esos países el uso de los agroquímicos o agrotóxicos, porque todos ellos aportan en mayor o menor medida sustancias químicas que distorsionan el ecosistema eliminando fauna y flora en el ambiente. Unida a la crisis del clima, es una de las amenazas más inmediata que enfrentan todo el ecosistema del planeta.


Concretamente los países escandinavos han sido un ejemplo para muchos en cuanto a sus políticas de bienestar, derechos para sus ciudadanos y cuidado del medio ambiente lo que ha significado sin dudas adelantos para la humanidad comparados con otros países. Pero no debemos llamarnos a engaño. Los tiempos han cambiado en muchos aspectos, los gobiernos se alternan, y las diferencias ideológicas, le dan a la realidad de estos países luces y sombras más nítidas si profundizamos en ellas. Por el ejemplo en el tema de los productos químicos que se usan en la producción agrícola.


 En Suecia por ejemplo, sigue siendo el uso de los agrotóxicos la forma más difundida de proteger los plantíos en la agricultura y principalmente en la industria maderera. Fórmulas químicas para combatir las plagas producidas por insectos, hongos o hierbas invasoras, solo para nombrar tres causas, se cuentan unas 150 sustancias químicas diversas. 

Esto contradice de frente lo que ya en la pasada década del ´80 se había acordado entre las autoridades correspondientes y la esfera política de reducirlas a su mínima expresión, pero las demandas de los productores para darle mayor rentabilidad y productividad a sus tierras, asó como la de las compañías que fabrican esos agroquímicos, se ha chocado con los planes más ambiciosos de los políticos y de las demandas de las ONGs por la cuidado del medio ambiente. 


La Asociación para la Protección de la Naturaleza (Naturskyddsförening), organización No Gubernamental sueca,  ha elaborado un estudio donde constata una serie de fenómenos negativos en la forma de cultivar granos y otros productos para la alimentación, así como en la industria maderera antes señalada. 


Hasta ahora lo más paradójico ha sido que a pesar de que en la agricultura aumenta el área de cultivo sin el uso de los agrotóxicos por productores que usan métodos alternativos, la utilización de los agrotóxicos por hectárea ha ido aumentando en el resto de las unidades agrícolas para hacer más intensiva la producción y el rendimiento.


En los últimos años algunos agrotóxicos han sido reemplazados por los biológicos de distinto tipo definidos en un parágrafo de la ley medioambiental que los activa ”con el fin de combatir la acción de animales, hierbas y microorganismos que dañen los plantíos con perjuicio para las personas o daño a la propiedad”. Estos productos biológicos son unos 40 en total y se usan principalmente en la producción de verduras, legumbres y frutas de invernadero. 


Hay que destacar que el 75% de los agrotóxicos son usados por la industria maderera en un país cuya industria de pulpa de papel y de fabricación de papel para distintos usos son muy importantes para el consumo nacional y la exportación. La madera antes de ser pulpa y papel,  es impregnada por productos químicos para protegerla de los ataques de insectos que pueden causar cuantiosos daños a este sector industrial que produce importantes divisas al país y da trabajo a miles de personas.


La agricultura por su parte ocupa entre un 15 - 20 % del total de estos productos agrotóxicos. El resto, un 10% son los hogares, donde en las mansiones, villas y chalets el césped en el jardín es un elemento estético importante - y que para conservarlo intacto y con buena vista, se usan herbicidas para protegerlo así como insecticidas para proteger otras plantas y flores. 


Si hablamos de cifras totales de estas sustancias químicas las estadísticas muestras que se usan anualmente unas 9000 toneladas de agrotóxicos en el país, siendo la industria maderera la preponderante. La Asociación para la Protección de la Naturaleza destaca que el uso de los agroquímicos son casi inexistentes en la fase de plantación de los nuevos árboles en los viveros, algo que en otros países con otro clima es considerado un problema .


En todo caso el combate a todo lo que pueda causar daños a lo que se planta, sea comestible o no dentro de la agricultura, se definen como fungicidas, insecticidas y herbicidas. Dentro de estas tres categorías los herbicidas ocupan el 50% del total de los agrotóxicos usados en la agricultura. Lo siguen los fungicidas con un tercio y los insecticidas con un 10%.


El uso de los agrotóxicos trajo otro fenómeno que cambió las bases de la producción. Hasta la 2a GM en Europa la variación anual de los cultivos como método, particularmente en Suecia, fue sustituida por una forma de cultivo de plantaciones sin o con pocas variaciones en un proceso que llevó un corto tiempo debido a la rápida mecanización una vez superado el conflicto bélico, con la salvedad de la agricultura ecológica, que volviendo a la forma tradicional de producción con la rotación de cultivos como principio y áreas en barbecho para hacer descansar la tierra, fueron y son una alternativa para muchos consumidores de esos productos que desean comprar alimentos ecológicos.


Es importante mencionar que en la década del ´70 se prohibió en Suecia y en muchos países más el uso del agroquímico DDT por el daño causado a los humanos, animales y medio ambiente en general. 


En 1986 el control fue intensificado prohibiéndose otros 60 productos agroquímicos. Podemos destacar en esta maraña de agrotóxicos otros muy nocivos para los insectos, especialmente para las abejas y abejorros, los llamados 

neo-nicotinoides” que acabaron con millones de estos insectos afectando gravemente la producción de miel y la polinización. 

El herbicida glifosato es otro producto que ha sido cuestionado y finalmente su uso será revisado no se sabe con qué limitaciones en la UE el próximo año, en parte contradiciendo la iniciativa del propio Parlamento Europeo que proponía prohibirlo para 2022 por sus nocivas consecuencias para la salud. 

Según la Agencia Internacional del Cáncer el glifosato sería un agente cancerígeno, algo que no fue evaluado así por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para desengaño y frustración de las ONGs ambientalistas y la mayoría de los eurodiputados. 

Cuán efectivo ha sido el cabildeo de las compañías para lograr este traspié al desarrollo sostenible de la agricultura europea está por verse, pero sin dudas que los obstáculos son muchos y las presiones a los políticos poderosas. A nivel nacional Austria y Luxemburgo han sido los primeros países en prohibirlo dentro de la UE, y Alemania decidió su prohibición a partir de 2023 mostrando el camino alternativo. 


Como contraste la compañía alemana Bayer fusionada con la norteamericana Monsanto, que también niega esas cualidades cancerígenas de su producto, está obligada a pagar en EEUU la friolera de casi 11 000 mdd de multa para indemnizar a los demandantes norteamericanos.


Las políticas sobre uso de muchos productos agrotóxicos fueron a partir de 1995 reglamentados por la Unión Europea, con el fin de uniformar el uso de los mismos a nivel de los países miembros del la Unión. La realidad impuso sin embargo debido a las protestas y presiones de la industria química que a partir de 2009 se cambiara otra vez la norma y actualmente es a nivel regional que la reglamentación debe consensuarse. Esto significa por ej. que los países escandinavos junto a las repúblicas bálticas deban negociar las limitaciones y usos de los agroquímicos, lo que arroja como resultado cuantitativo lo que ya habíamos señalado anteriormente, o sea que son permitidos unos 150 agroquímicos en las tres categorías mencionadas: herbicidas, insecticidas y fungicidas, los cuales son controlados, en este caso en Suecia, por la llamada Inspección estatal sobre substancias Químicas (Kemikalieinspektionen).


Estas inspecciones y reglamentación ha disminuido sustancialmente el uso principalmente de herbicidas entre 1980 y 2016 según las estadísticas que he podido controlar. De 4000 toneladas usadas en aquéllos años la misma se ha reducido a unas 1500 toneladas de herbicidas. Los fungicidas siguen estables , alrededor de 100 toneladas anuales mientras que los insecticidas son cada vez menos empleados superando apenas unas diez toneladas anuales según la ONG Asociación para la Protección de la Naturaleza.


Sin embargo como constata esta organización, a pesar de que el área agrícola cultivada ha disminuido de 2,4 millones de hectáreas a 2,1 millones de hectáreas, el uso del cóctel de agroquímicos por hectárea ha aumentado a través de las décadas situándose prácticamente casi al mismo nivel que en 1980, a pesar de todas las prohibiciones y reglamentaciones. Hecha la ley hecha la trampa, podríamos concluir.


En todo caso los daños al medio ambiente y a los humanos han sido probados hasta el cansancio, ya que estos agroquímicos se difunden por el entorno a través del aire y del agua contaminando las bases mismas para todos los seres vivos, y no pocas veces por sobre los niveles admitidos por las autoridades medioambientales, sin mayores consecuencias para los responsables por las presiones y/o sobornos de las compañías a los políticos que deben tomar decisiones. 


Un fenómeno que podemos apreciar visualmente sobre los resultados de los agroquímicos es el de las cianobacterias, llamadas popularmente como algas verdesazules. que invaden muchos lagos, ríos y costas marítimas en los veranos. Se alimentan del nitrógeno y el azufre que provienen de los fertilizantes en la agricultura intensiva,  y de ahí su proliferación descontrolada y que pone en riesgo o termina matando al resto de la fauna acuática, así como limita las actividades de recreación de la gente.


Para limitar aún más el uso de agrotóxicos los gobiernos establecieron a partir de la década del ´80 gravámenes impositivos por el uso de los agroquímicos por hectárea. 

De un impuesto de un dólar aproximadamente por esta unidad de superficie en los 80 , se ha ido incrementando hasta llegar actualmente a los 8-9 dólares por hectárea. De todas formas estos gravámenes no han disminuido el uso de los pesticidas, en todo caso en las áreas de producción intensiva estos agroquímicos han aumentado ya que las ganancias compensan la reducción de las mismas por los impuestos.


En cuanto a la salud de las personas que trabajan directamente con estos productos por estar en directo contacto con ellos, se sospecha que puedan originar o ser un factor más en desarrollar enfermedades cancerígenas y enfermedades neurológicas como por ejemplo Alzheimer y Parkinson.  


Sin dudas en los países donde los productores agrícolas usan los agroquímicos intensivamente bombardean por el aire y por el agua a miles de millones de seres vivos, plantas, insectos, aves, mamíferos y entre ellos millones de seres humanos. Luego viene la segunda fase ocasionada por los alimentos contaminados que consumimos. Evitar este bombardeo es prácticamente imposible mientras no se prohiban. Incluso los que plantan ecológicamente sus verduras, frutas y legumbres se ven afectados por las plantaciones vecinas que usan agrotóxicos y las contaminan. 


Aquí hay una fuerte contradicción entre el derecho y la ambición de aumentar la fortuna del productor, basada en una norma moral admitida por las mayorías ante el esfuerzo del trabajo y los desvelos, dándole prioridad a la ganancia antes que a la salud de la población en general, incluso la propia y la de todo el ecosistema. 


Así de racionales somos los humanos. A veces damos vergüenza por nuestras decisiones, pero lo justificamos aunque se pague un precio muy alto en salud y vidas, y exponemos la salud de todo el planeta que además se "recalienta" con fiebre cada vez más alta, internado en Urgencia, sin respiradores y ni vacuna posibles. 

Un diagnóstico y alarma que la actual conferencia de Glasgow no parece poder aplacar.


miércoles, 20 de octubre de 2021

Por la LUC suenan las campanas - Camino al referéndum en Uruguay

 La verificación de las casi 800 000 firmas entregadas a la Corte Electoral de Uruguay para la realización de un referéndum con el fin de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en caso por supuesto de que una mayoría (50%+1) vote por el SÍ (a la derogación), muestra que un poco más del 8 por ciento de esas firmas han sido invalidadas hasta ahora. Este porcentaje se ha mantenido estable a lo largo de este procedimiento que se acerca ya a las 500 000 firmas computadas hasta ahora, lo que indica que se puede afirmar que el referéndum es un hecho con un 99 por ciento de seguridad. Se necesitan 670 000 firmas para la habilitación del referéndum. Según trascendidos en la prensa nacional se especula que el llamado a las urnas para votar en esta ocasión sería en marzo o a más tardar en abril del próximo año.

La campaña del NO (a la derogación) liderada por el gobierno y sus ministros, más los diputados y senadores de la alianza que sostiene al gobierno de Luis Lacalle y su mayoría en el Parlamento: Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), Partido Independiente (PI) y Partido Ecologista (PERI), inició su campaña con recorridas por el interior del país tratando de movilizar a sus partidarios para que mantengan los 135 artículos de la LUC que consideran que le hacen un gran favor al país y a sus ciudadanos, aportando mayor seguridad frente a la criminalidad, mayor justicia económica, ahorro en las finanzas públicas, mejoras en la salud y la educación, etc. Promueven además la privatización, por ahora parcialmente porque no se atreven a promover una total enajenación de ANTEL, ANCAP, UTE, OSE, etc. entes públicos hasta ahora contaban casi totalmente con el monopolio de la telefonía, internet, combustibles, suministro energético, agua, con el falso argumento de que dan pérdidas cuando la realidad habían demostrado lo contrario con buenas gestiones invirtiendo en renovación y tecnología de punta para beneficio de los usuarios, aportando además recursos para las otras políticas públicas en el campo social, salud, educación, etc. La apuesta por mejor educación y extensión de los planes de estudios técnicos y universitarios, caen también al reducir los presupuestos a estos sectores quitando becas y cerrando institutos, dejando a miles de estudiantes y profesores colgados de la brocha. Sumando además la marginación total de profesores y maestros en la elaboración de los planes de educación que ahora conduce el Consejo Directivo Central (CODICEN) con total impunidad y arbitrariedad los contenidos en la enseñanza de primaria y secundaria.

La campaña por el SÍ liderada por la organización sindical PIT-CNT y el Frente Amplio (FA) de oposición, que también inició su campaña en la capital y departamentos de todo el país, trata de mantener activos a los miles de militantes que hicieron posible la recolección de firmas con los argumentos que contradicen las afirmaciones de los beneficios de la LUC, y por el contrario la aplicación de esta ley muestra un franco deterioro en los aspectos de seguridad a pesar de que las estadísticas oficiales tratan de convencer que bajó el índice de delitos cuando la realidad parece mostrar lo contrario, principalmente en el número de homicidios y asesinatos, violencia doméstica y crimen organizado con normas que condenan con mayor severidad a los delitos menores y son blandos con las violaciones a la ley protagonizadas por las mafias del narcotráfico. Un caso muy ilustrativo es el de una mujer que trató de introducir 25gr de marihuana en la cárcel donde está recluido su hijo con el de un propietario rural que escondió una tonelada de cocaína en un contenedor. La mujer arriesga a pasar cuatro años encarcelada mientras el productor rural cumple condena con una pulsera electrónica en su casa. Así decenas de ejemplos donde los "ciudadanos fuera de toda sospecha" evitan mirar a través de las rejas mientras los pobres aterrizan en las cárceles sobrepobladas y al borde del colapso. Así en todos los órdenes donde el gobierno le recorta recursos a la educación, a la salud, a las medidas de carácter social y familiar, condenando a la pobreza a decenas de miles de personas (100 000 nuevos pobres en el último año) que a causa de la pandemia y una restrictiva política de inversión pública para contenerla, hoy solo mantiene a flote a miles de uruguayas/os  gracias a las llamadas Ollas Populares donde pueden comer diariamente adultos y sus hijas e hijos. Una solidaridad que el gobierno en lugar de aliviarla con mayor inversión y creación de trabajo, solo mantiene tímidamente con recursos escasos que son una vergüenza para un país rico en fondos y capital y con organizaciones civiles solidarias que pueden crear una importante red de soporte. No, se privatiza hasta estas ayudas beneficiando a empresas que embolsan millones de pesos y entregan a cambio un efímero aporte en alimentos que deben ser completados por los particulares y organizaciones solidarias civiles.

Con la consigna del ahorro en el gasto público, claro que selectivo, porque los sueldos de los miembros del gobierno casi que se duplicaron en el correr de su mandato, incluido el del propio presidente, y se aumentaron jugosamente para los llamados "cargos de confianza", que son miles a lo largo y ancho del país, el gobierno trata de comprar lealtades y obediencia a la hora de poner el voto y convertir a todos en "punteros" de la campaña para que defiendan lo que les está llenando el bolsillo y lo que les llena las arcas a las élites del campo y la ciudad. Los que lo tres gobiernos progresistas del FA había logrado en quince años, con aciertos reconocidos en amplios sectores de servicios y producción de bienes, con inversión pública en sectores como la salud, educación, creación de puestos de trabajo en servicio de cuidados, y cambio sustancial en la matriz energética, y planes como el Ceibal para la enseñanza primaria y secundaria,  e Ibiripitá para los ancianos (eliminado por el actual gobierno), mejora del salario real y jubilaciones, defensa de los entes públicos como lo habíamos señalado antes y que este gobierno de derechas quiere desmantelar. 

Nunca estuvo tan claro en el país lo que la derecha busca realmente. Su afán de cambiar el rumbo de una sociedad que fue la más democrática y justa bajos los gobiernos del FA, conocida hasta ahora y reconocida internacionalmente por tirios y troyanos, preservando las libertades tan caras al pueblo uruguayo, se busca ahora por medio de un gobierno cada vez más autoritario y con la falacia y complicidad de los medios de prensa en manos de sus cómplices dueños de esos medios, acallar las voces que se levantan ante la ofensiva de un cambio que solo beneficia a los sectores más privilegiados. Pero la Resistencia está en marcha y el bumerán vuelve con más fuerza apuntando a donde más le duele al gobierno. Adivine Ud. lector/a el lugar.