La cruz de ceniza de los Buendía todavía existe

Pertenecer en Suecia a la etnia romaní, o  gitana como se le llama comunmente en castellano,  me recuerda aquéllos personajes de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, los hijos del coronel Aureliano Buendía, que llevaban una cruz de ceniza imborrable en la frente, marcados para siempre por el destino y sus enemigos. En el caso romaní dentro de los más de 4000 registrados en los archivos policiales, se encuentran  cuatro de mis colegas con los que trabajamos en la misma redacción todos los días. También los nombres de sus hijos están compartiendo espacio con los padres, en el afán policial de establecer un archivo que encierre la mayor cantidad de miembros de esta etnia. Que en la policía hay racistas y xenófabos nadie lo pone en duda. Investigaciones académicas y periodísticas dan buena cuenta de ello.

La policía de la provincia de Scania donde se encuentra el archivo, se justifica repitiendo desde que se conoce el escándalo, que la lista no relaciona a mis colegas Ramona, Ricardo, Veli y Adam con grupos criminales, sino que es una labor de la inteligencia policial para detereminar el grado de vínculos y parentesco entre una y otras personas. La policía parte de la base que los romaníes integran clanes a los que se debe vigilar para determinar si cometen delitos, quiénes están implicados con quién, etc. Que los menores de edad de formen parte de ese archivo, así como los ancianos y personas fuera de toda sospecha, muestra lo extendido que están los prejuicios. Para la policía el clan es una organización cerrada y piramidal que protege la actividad delictiva de muchos de sus miembros. Pero que la hija de tres años de mi colega Adam forme parte de ese registro es realmente escandaloso, así como más de mil niños fichados.

Hasta ahora con la excusa de que no es una lista de personas con vínculos criminales, la policía de Scania sigue sin destruir el archivo a pesar de las críticas duras de las organizaciones de DDHH, los calurosos aplausos de la ultraderecha y los tibios reproches del gobierno y de un parlamento que no parece apurarse a debatir una ley que impida este fenómeno. Pero hasta ahora nadie mueve una pestaña para obligar a la policía a destruir ese archivo. Al contrario, ellos se afirman en la necesidad de conservarla por las dudas que alguno de los registrados cometa un delito, y aprovechando los vínculos familiares, ver quienes podrían ser los cómplices. Un verdadero ejemplo de lo que puede llegar a ser un estado de derecho en un país que se ufana de que sus ciudadanos gozan de plenos derechos constitucionales. Ante la pregunta si el registro es legal o ilegal, la respuesta es: "se esta estudiando". Sorprende que lleve tanto tiempo hacerlo cuando un episodio de este tipo si afectara, digamos a la etnia nórdica, hubiese sacudido los cimientos mismos de la sociedad. Somos todos iguales ante la ley?