Por la LUC suenan las campanas - Camino al referéndum en Uruguay

 La verificación de las casi 800 000 firmas entregadas a la Corte Electoral de Uruguay para la realización de un referéndum con el fin de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en caso por supuesto de que una mayoría (50%+1) vote por el SÍ (a la derogación), muestra que un poco más del 8 por ciento de esas firmas han sido invalidadas hasta ahora. Este porcentaje se ha mantenido estable a lo largo de este procedimiento que se acerca ya a las 500 000 firmas computadas hasta ahora, lo que indica que se puede afirmar que el referéndum es un hecho con un 99 por ciento de seguridad. Se necesitan 670 000 firmas para la habilitación del referéndum. Según trascendidos en la prensa nacional se especula que el llamado a las urnas para votar en esta ocasión sería en marzo o a más tardar en abril del próximo año.

La campaña del NO (a la derogación) liderada por el gobierno y sus ministros, más los diputados y senadores de la alianza que sostiene al gobierno de Luis Lacalle y su mayoría en el Parlamento: Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), Partido Independiente (PI) y Partido Ecologista (PERI), inició su campaña con recorridas por el interior del país tratando de movilizar a sus partidarios para que mantengan los 135 artículos de la LUC que consideran que le hacen un gran favor al país y a sus ciudadanos, aportando mayor seguridad frente a la criminalidad, mayor justicia económica, ahorro en las finanzas públicas, mejoras en la salud y la educación, etc. Promueven además la privatización, por ahora parcialmente porque no se atreven a promover una total enajenación de ANTEL, ANCAP, UTE, OSE, etc. entes públicos hasta ahora contaban casi totalmente con el monopolio de la telefonía, internet, combustibles, suministro energético, agua, con el falso argumento de que dan pérdidas cuando la realidad habían demostrado lo contrario con buenas gestiones invirtiendo en renovación y tecnología de punta para beneficio de los usuarios, aportando además recursos para las otras políticas públicas en el campo social, salud, educación, etc. La apuesta por mejor educación y extensión de los planes de estudios técnicos y universitarios, caen también al reducir los presupuestos a estos sectores quitando becas y cerrando institutos, dejando a miles de estudiantes y profesores colgados de la brocha. Sumando además la marginación total de profesores y maestros en la elaboración de los planes de educación que ahora conduce el Consejo Directivo Central (CODICEN) con total impunidad y arbitrariedad los contenidos en la enseñanza de primaria y secundaria.

La campaña por el SÍ liderada por la organización sindical PIT-CNT y el Frente Amplio (FA) de oposición, que también inició su campaña en la capital y departamentos de todo el país, trata de mantener activos a los miles de militantes que hicieron posible la recolección de firmas con los argumentos que contradicen las afirmaciones de los beneficios de la LUC, y por el contrario la aplicación de esta ley muestra un franco deterioro en los aspectos de seguridad a pesar de que las estadísticas oficiales tratan de convencer que bajó el índice de delitos cuando la realidad parece mostrar lo contrario, principalmente en el número de homicidios y asesinatos, violencia doméstica y crimen organizado con normas que condenan con mayor severidad a los delitos menores y son blandos con las violaciones a la ley protagonizadas por las mafias del narcotráfico. Un caso muy ilustrativo es el de una mujer que trató de introducir 25gr de marihuana en la cárcel donde está recluido su hijo con el de un propietario rural que escondió una tonelada de cocaína en un contenedor. La mujer arriesga a pasar cuatro años encarcelada mientras el productor rural cumple condena con una pulsera electrónica en su casa. Así decenas de ejemplos donde los "ciudadanos fuera de toda sospecha" evitan mirar a través de las rejas mientras los pobres aterrizan en las cárceles sobrepobladas y al borde del colapso. Así en todos los órdenes donde el gobierno le recorta recursos a la educación, a la salud, a las medidas de carácter social y familiar, condenando a la pobreza a decenas de miles de personas (100 000 nuevos pobres en el último año) que a causa de la pandemia y una restrictiva política de inversión pública para contenerla, hoy solo mantiene a flote a miles de uruguayas/os  gracias a las llamadas Ollas Populares donde pueden comer diariamente adultos y sus hijas e hijos. Una solidaridad que el gobierno en lugar de aliviarla con mayor inversión y creación de trabajo, solo mantiene tímidamente con recursos escasos que son una vergüenza para un país rico en fondos y capital y con organizaciones civiles solidarias que pueden crear una importante red de soporte. No, se privatiza hasta estas ayudas beneficiando a empresas que embolsan millones de pesos y entregan a cambio un efímero aporte en alimentos que deben ser completados por los particulares y organizaciones solidarias civiles.

Con la consigna del ahorro en el gasto público, claro que selectivo, porque los sueldos de los miembros del gobierno casi que se duplicaron en el correr de su mandato, incluido el del propio presidente, y se aumentaron jugosamente para los llamados "cargos de confianza", que son miles a lo largo y ancho del país, el gobierno trata de comprar lealtades y obediencia a la hora de poner el voto y convertir a todos en "punteros" de la campaña para que defiendan lo que les está llenando el bolsillo y lo que les llena las arcas a las élites del campo y la ciudad. Los que lo tres gobiernos progresistas del FA había logrado en quince años, con aciertos reconocidos en amplios sectores de servicios y producción de bienes, con inversión pública en sectores como la salud, educación, creación de puestos de trabajo en servicio de cuidados, y cambio sustancial en la matriz energética, y planes como el Ceibal para la enseñanza primaria y secundaria,  e Ibiripitá para los ancianos (eliminado por el actual gobierno), mejora del salario real y jubilaciones, defensa de los entes públicos como lo habíamos señalado antes y que este gobierno de derechas quiere desmantelar. 

Nunca estuvo tan claro en el país lo que la derecha busca realmente. Su afán de cambiar el rumbo de una sociedad que fue la más democrática y justa bajos los gobiernos del FA, conocida hasta ahora y reconocida internacionalmente por tirios y troyanos, preservando las libertades tan caras al pueblo uruguayo, se busca ahora por medio de un gobierno cada vez más autoritario y con la falacia y complicidad de los medios de prensa en manos de sus cómplices dueños de esos medios, acallar las voces que se levantan ante la ofensiva de un cambio que solo beneficia a los sectores más privilegiados. Pero la Resistencia está en marcha y el bumerán vuelve con más fuerza apuntando a donde más le duele al gobierno. Adivine Ud. lector/a el lugar.