La impunidad perdida

Gustavo Inzaurralde, uno de los desaparecidos
por el Plan Cóndor.

La política es el arte de lo posible, y a veces de lo imposible. Con un diputado, Víctor Semproni, que abandonó el hemiciclo la hora de votar en el Parlamento el 19 de mayo, el Frente Amplio no logró la mayoría necesaria para lograr el resultado que anularía la ley de Caducidad. Terminó en un empate de 49-49, y la ley no se aprobó. Un duro golpe para quienes desean que se haga justicia y se conozca la verdad sobre los desaparecidos. 
Un respiro para los que creen que una ley de esa naturaleza divide, polariza y desestabiliza la sociedad. El presidente Mujica es uno de los que piensa sí. Por eso, a último momento, salió a predicar que se repensara y se modificara la ley. Dejó descolocado a muchos. Ahora estamos en un impasse, y los milicos restregándose las manos.

Los dados ya estaban echados cuando el senado uruguayo votó derogar la Ley de Caducidad con apenas un voto a favor de la mayoría  frenteamplista  - y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamaba a riesgo de abrirle un pleito al estado uruguayo. Una ley que en su momento resolvió la transición desde la dictadura militar a una democracia todavía muy endeble. En ese momento con la relación de fuerzas todavía a favor de las FFAA la sociedad civil tal vez no tenía otra alternativa, así lo creen algunos que vivieron esa transición. Pero hoy es distinto. Hoy la sociedad civil está más fuerte que nunca y los militares pasan por uno de los períodos de más desprestigio de su historia. La corrupción y los escándalos por millones de dólares que están alrededor de esos hechos denigrantes los han dejado malparados y contra las cuerdas. Ahora elevan la voz y reclaman para que el presidente José Mujica intervenga vetando la nueva ley que termina con la impunidad.

Pero las leyes están para cambiarlas y mejorarlas. Y eso ocurrió con este parlamento uruguayo donde el senado aprobó la reforma de una parte del articulado de la ley. La impunidad sobre la que estaban sentados los uniformados que violaron sistemáticamente los DDHH deja de existir y podrán ser sentados en el banquillo de los acusados.

Esa posibilidad que se abre ahora puede echar luz sobre el destino de muchos desaparecidos que hasta ahora los militares se han negado a revelar. Cuando la amenaza de pasar el resto de sus años en la cárcel, estos veteranos militares que se olvidaron de su propia ética cuando trataron a sus prisioneros, tendrán la oportunidad de salvar parte de esa dignitas, si es que les queda alguna, ayudando a revelar cuál fue el destino final de esos desaparecidos en tierras uruguayas o argentinas.

Al Frente Amplio que gobierna el país, le tocó sufrir una baja en el senado. Eleuterio Fernández Huidobro, antiguo jefe tupamaro, votó a favor de la anulación pero renunció inmediatamente a su cargo de senador porque no estaba de acuerdo con la reforma por razones políticas y jurídicas, según dijo. Fernández cree que la ley puede ser anulada por la Suprema Corte de Justicia si se llegara a ese extremo ya que para él la derogación de los artículos de la ley es inconstitucional. El hecho que dos plebiscitos realizados en el pasado hayan confirmado que una mayoría de la población apoyaba la ley, reafirma esa tesis de que el camino elegido es "un error político", según su punto de vista. Otros piensan lo contrario, y creen que la ciudadanía y las instituciones públicas están políticamente maduras para resistir las presiones de los militares, de los antiguos políticos que la promovieron como el ex-presidente Julio María Sanguinetti, o los ex-guerrilleros como  Fernández Huidobro o Marenales.

Al Plan Cóndor se les queman las últimas plumas. Los uniformados que están retirados y que participaron en el proceso lanzan ahora sus ataques verbales contra los jueces y las organizaciones de DDHH. A estas las tratan de  terroristas y a los primeros de cómplices de ellas. Otros lo hacen a través de comunicados en nombre de organizaciones fantasmas con la pretensión de atemorizar a la sociedad civil, como si tuvieran alguna posibilidad de hacer retroceder el reloj. Un golpe de estado como en el 72? Hay que preguntarse si los actuales oficiales de las FFAA están dispuestos a ser las ovejas negras del continente y quedar aislados por defender con un golpe la libertad de los antiguos torturadores. Un escenario así es prácticamente imposible. El ruido de los sables ya no atemoriza a nadie, y la libertad conseguida con tanto esfuerzo y lucha no se regala por más filo que le saquen a las bayonetas. Es hora de rendir cuentas, hay miles de personas que esperan conocer qué pasó con sus familiares desaparecidos y no hay márgenes para seguir aplazando lo que hace ya tiempo debía haberse revelado. En España el juez Baltazar Garzón está sentado ante los tribunales por pretender iniciar la investigación sobre la suerte de los desaparecidos durante la guerra civil. En Uruguay todos los que quieren saber la verdad sobre los desaparecidos durante la dictadura somos Baltazar Garzón.