Quince años de gobiernos progresistas marcaron una etapa de reformas sociales, económicas y culturales que destacaron al país de su entorno continental y a veces mundial. Sin embargo gobernar para las mayorías y no con ellas, traen finalmente dudas, desencanto y aún peor, expectativas de que si gobierna la oposición de derechas combinadas y aliadas, te darán más económicamente si eres asalariado, emprendedor, jubilado, y por supuesto empresario de “alta gama”.
Los uruguayos no son únicos en pensar así, ocurre en todos los países con democracias pluralistas y economías abiertas, capitalistas, donde la alternancia va marcando cómo evolucionan las sociedades y los ciudadanos que confían en sus políticos, por lo menos en el periodo “rosa” o de “luna de miel”, dependiendo de lo bien que marcha la economía, el empleo y la posibilidad de consumo. Apenas comienzan a flaquear alguna de las columnas que sostienen estas estructuras el descontento se extiende principalmente por las capas de la clase media que es flexible en sus preferencias políticas.
Y eso ha pasado en Uruguay cuando las derechas usaron la inseguridad instalada por las bandas de delincuentes y el narcotráfico prometiendo combatirlo con mano aún más dura. Quitar impuestos y reformar el sistema de ayudas sociales, achicar el estado y sanear la economía bajando el déficit del estado. Y defender la libertad de los individuos. Sí, la libertad pasa a ser la muletilla preferida pero vacía de contenido, porque solo apunta a la libertad de ganar más dinero y poder a costa de los demás, aunque claro, nunca se lo menciona. Uruguay sin embargo, a pesar de que la economía en el último período de cinco años gobierno FA (2014-2019) había enlentecido su crecimiento y el desempleo había subido algunos décimas, se mantenía fuerte capeando la crisis económica internacional que azotaba a la mayoría de los países desarrollados.
No obstante esa estabilidad, mejora del salario real, jubilaciones, una amplia gama de derechos antes negados a las mujeres, a trabajadores de ambos sexos que carecían de una legislación que los protegiera de los patrones explotadores, una mayoría con apenas un 1 por ciento de diferencia decidió darle el gobierno a las derechas que hoy administran al país.
Qué puede salir mal?
Tal fue el empuje de los nuevos gobernantes por transformar una sociedad progresista y más justa, claro que con muchos sectores y problemas a solucionar, que no encontraron método mejor que inventarse una Ley de Urgente Consideración (LUC) con unos 470 artículos que abarcaban diversos aspectos y que no había sido presentada en campaña electoral, salvo un bosquejo de intenciones muy general para endulzarle a la gente desencantada con el FA la amarga pastilla que vendría después para que se la tragaran sin remedio.
Hoy la educación es menos democrática porque los educadores no pueden participar en su diseño; la economía más favorable y concentrada para las élites del campo y la ciudad; la sensación de inseguridad peor que antes a pesar de las promesas en la campaña electoral de que el presidente estaría presente junto a la policía para combatir el delito, etc.
Vecino al barrio donde habito circunstancialmente se escuchan tiroteos entre bandas todas las noches; muertos por ajustes de cuentas entre narcos y otros delincuentes todos los días en diferentes barrios de la capital; la información de los medios claramente están a favor del gobierno con pocas excepciones, ocultando el lado oscuro de lo que se oculta detrás de las apariencias.
La Justicia se divide en dos en muchos casos que rompen los ojos: una para los ricos o gente bien cómo gustan llamarse, y otra para los pobres, siendo estos últimos condenados a prisión con un aumento de las condenas resaltando el carácter punitivo de la LUC, mientras los otros gozan de arresto domiciliario, o sus casos son cerrados por faltas de pruebas. Las cárceles están sobrepobladas y los presos salen sin reinserción alguna, a vivir en la calle o con suerte en algún refugio o casa de familia. Empleo? Pues en negro y con sueldos miserables si logran conseguir alguno. La alternativa es seguir delinquiendo, algo que la mayoría hace porque las alternativas están más cerradas que nunca.
Los asentamientos que prometían eliminar crecen con la ola de parados y personas en situación extrema de vulnerabilidad. La política de vivienda a pesar de las 50 000 nuevas prometidas desvergonzadamente durante la campaña resultaron una falacia reconocida por la misma ministra del ramo, Moreira, que sonriendo afirmó que había sido parte del humo de la campaña. Es decir parte de las cuentas de color que vendieron.
Lo único que han concretado es más policías y represión, más compras de material bélico para militares y menos impuestos para las empresas y los más ricos, los llamados “malla oro”, el distintivo que usan los ciclistas cuando lideran las competencias.
Una parte de mi Uruguay ha abrazado al herrerismo, una ideología que de conservadora ha pasado a neoliberal aceptando el discurso de la ultraderecha en muchos aspectos. Hoy día el mal llamado Partido Nacional, está inspirado en las ideas de la privatización de las funciones y empresas públicas, es decir depositar en manos privadas sin mayores exigencias ni limites la administración de recursos naturales o físicos vendiendo soberanía.
Tal es el caso del contrato más escandaloso de la historia del país con Katoen Natie, la empresa belga que hoy se responsabiliza mayoritariamente de la carga y descarga en el principal puerto del país compartida por el momento con Montecom, una compañía chileno-canadiense. Pero el nuevo contrato por cincuenta años del gobierno de Lacalle con Katoen Nati, que comenzará a regir dentro de diez años, les da el derecho monopólico de asumir toda la actividad portuaria desplazando a competidores y que contempla una participación del estado con solo el 20%. Este es un contrato hecho sin consultar al parlamento ni dar a conocer el contenido del mismo hasta ahora. Una entrega de soberanía sin precedentes y que ha sido llevada a la Justicia por el FA y la empresa Montecom.
La esperanza de revertir muchas de estos artículos y políticas es la resistencia pacífica pero organizada de los sectores populares a través de los sindicatos y organizaciones de defensa de derechos y de las leyes que todavía no han sido reformadas, tal como la ley de medios de comunicación, un objetivo del gobierno para controlar aún más la libertad de prensa.
Un conjunto de organizaciones sociales y políticas que reunidas en un amplio abanico atendieron en parte la emergencia social y económica creando una red de “ollas populares” donde se alimentan miles de adultos y niños que carecen de alimentos y que el gobierno ha desatendido, y si los atiende apenas logran conseguir medios tan escasos que apenas pueden alimentarse. En tanto el gobierno atiende esa emergencia con otros apoyos que se consideran insuficientes y que dejaron en manos de organizaciones privadas pertenecientes a adherentes de sus partidos y que brindan insuficientes servicios donde la corrupción es pan de cada día.
Y esa resistencia del pueblo alcanzó por el momento su punto máximo al recoger 800 000 firmas para derogar los 135 artículos de la LUC que desean impugnarse a través de un referéndum, los artículos considerados más nefastos para la convivencia ciudadana.
La pulsada se definirá el 27M, es decir en un mes y medio.
El gobierno y sus partidos adherentes están en campaña recorriendo el país con la prensa amiga abriéndoles los espacios, las cámaras y micrófonos a discreción permitiéndoles seguir mintiendo sin cuestionar nada, mientras apenas entrevistan a los de la oposición cuestionando si sus argumentos en muchos casos, lo que está bien para que se aclaren las opiniones. Pero el método no lo usan con los ministros y el presidente (de todos los uruguayos?).
Uruguay se encuentra en el lugar número 13 en la lista de los países más democráticos del planeta según el periódico The Economist, pero esa democracia se debilita en los aspectos referidos a derechos, redistribución de ingresos, participación en los asuntos públicos, igualdad de posibilidades, condenas carcelarias, privilegios desvergonzados. El resultado es incierto, pero más allá del resultado que deseamos sea un SÍ para derogar los 135 artículos, esa nueva prueba demuestre que el espíritu democrático y de justicia social pervive en una mayoría de la ciudadanía, más fuerte que nunca y sin renunciar a ella.
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