Con la sartén por el mango… y el bife también.

La comisión de Industria parlamentaria,  responsable de la regulación de los medios de comunicación, decidió aprobar la ley de Medios modificando y recortando con frenesí la actual ley vigente que contiene más de 200 artículos por una de 98! No solo se eliminan estructuras y agentes de control público y privado, sino que el objetivo es  aumentar las licencias por cada actor, sea privado, jurídico o empresarial, lo que posibilita otorgar de un máximo de 3 licencias a 8 licencias para la tv y la radio. 

A nadie le cabe la menor duda que esta reforma es un paso más para monopolizar lo que la derecha llama la batalla cultural, en su intimidatorio intento de llevarla adelante a través de los medios, reduciéndole los espacios para una libertad de expresión equitativa a los que piensan distinto y críticamente frente al poder. Y cuando digo poder me refiero en este caso al mediático y hegemónico de grupos como los tres principales canales de TV 4,10 y 12. Sin embargo el mayor desquicio actual es que el grupo argentino Clarín se adueñó ilegalmente de 8 licencias, sin que la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (URSEC) reaccionara ni la justicia interviniera para poner fin a esta miserable ilegalidad, pues no pueden tener más de 3 licencias según la ley todavía vigente.

Es deplorable la opacidad con que actúa el gobierno de Lacalle, envuelto en todos los escándalos de corrupción, clientelismo y mala gestión que lo viene caracterizando. Pero para el PN y sus aliados, si es que no cambian de opinión, lo más importante es construir un oligopolio de medios de comunicación para seguir mintiendo, manipulando y cerrarle el paso a las organizaciones políticas y sociales que critiquen a gobiernos de derecha por sus políticas antipopulares, represivas y tiránicas. La apariencia democrática desean conservarla, pero en realidad la quieren perforar y manejar a su antojo, con ciudadanos obedientes que carezcan de alternativas, no solo políticas sino en la Justicia cuando sea momento de cerrarle el paso a los corruptos y enjuiciarlos. Como en el caso de ministros o parlamentarios acusados de corrupción pero que se amparan en sus fueros y son intocables.

Uruguay pierde aceleradamente su imagen de país relativamente libre de corrupción y autoritarismo. Este gobierno del PN se ha encargado de llevarlo por ese camino y además, aunque se lo niegue, abriéndole paso al narcotráfico que está enquistándose en el estado y en el Parlamento. Cierto, solo hay algunos funcionarios policiales procesados por las fugas de narcos, pero no son muchos. La caída del sistema democrático, no obstante, arrastra a toda la sociedad por el tobogán de la decadencia y la corrupción, y se acelera. No fue ninguna casualidad que un acto inaugural de un hospital en villa del Cerro los gritos de “corrupto” y otras lindezas al presidente Lacalle, estallaran en sus oídos. ¿Acaso puede pensarse otra cosa cuando el esfuerzo por eliminar la transparencia y alimentar la desinformación por los medios es tan grave? Lo lamentable es que todavía hay tanta ingenuidad entre gente decente, aferrada al color de la bandera y una tradición que poco tiene que ver con la realidad.