Los intentos de explotación de una cantera de piedra caliza han despertado muchos sentimientos de rebeldía en la pacífica isla sueca de Gotland sobre el Mar Báltico. La empresa finlandesa Nordkalk había iniciado las primeras obras para explotar los ricos yacimientos de piedra caliza en la localidad de Bunge, al norte de Gotland, en una extensión de 170 hectáreas talando una parte de dicha reserva natural. Pero la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (SCJ) suspendió los trabajos iniciados en la cantera, anulando de esa forma las decisiones de otros tribunales a favor de la empresa minera. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por el movimiento ecologista que pedía que no se pusiera en marcha el proyecto hasta que se evaluara el impacto que dicha explotación podía tener en el medio ambiente de la zona, teniendo como punto de referencia entre otros, el bosque natural de Ojnareskogen que ya estaba empezando a ser talado.
Así fue como la propia autoridad estatal de protección al medio ambiente, Naturvårdsverket, presentó una denuncia ante los tribunales ya que consideraba que el empresa violaría no sólo la legislación sueca sino también la directiva ambiental establecida por la Unión Europea, por la falta de datos de cómo se iba a llevar a cabo la explotación ya que Norkalk no presentaba datos ni documentos suficientes que explicaran la forma de explotación y sus consecuencias. Y la SCJ le dió la razón.
Paralelamente a las medidas legales en marcha, asociaciones de vecinos y ecologistas realizaban cortes de caminos de acceso a la cantera y establecieron un campamento con la finalidad de impedirle el paso a las máquinas que iban a iniciar los trabajos en la cantera con una intervención policial que intentó impedir los cortes. Entre la batería de argumentos de los oponentes a la explotación existen razones como el riesgo que corren dos zonas muy sensibles a los cambios pertenecientes a la categoría de Natura 2000, sobre las cuales hay un proyecto para declararlas Parque Nacional.
La última palabra todavía no está dicha. La CSJ sólo suspendió las obras hasta que se den todos los detalles sobre la explotación por parte de la empresa. Pero este fallo hace crecer la esperanza para los ecologistas de que en Suecia todavía es posible darle prioridad a la protección de la naturaleza ante los intereses económicos que no garantizan ni explican cuáles serán las consecuencias para el medio ambiente de dicha actividad.
Suecia es un país minero, con decisiones radicales como por ejemplo mudar de lugar una ciudad, Kiruna, para que se pueda explotar el mineral de hierro que existe debajo de ella. Las fuentes de trabajo y los intereses econnómicos pesan mucho en la balanza cuando se otorgan dichos permisos, pero la resistencia civil puede tener como en este caso, un aliado, la SCJ que en esta ocasión le dió la razón a quienes piensan que la actividad económica debe ir de la mano de un control que evalúe las consecuencias que tiene para el entorno. De lo contrario, se convertirá en una herida abierta más en la curtida piel del planeta, y con consecuencias irreparables.
Así fue como la propia autoridad estatal de protección al medio ambiente, Naturvårdsverket, presentó una denuncia ante los tribunales ya que consideraba que el empresa violaría no sólo la legislación sueca sino también la directiva ambiental establecida por la Unión Europea, por la falta de datos de cómo se iba a llevar a cabo la explotación ya que Norkalk no presentaba datos ni documentos suficientes que explicaran la forma de explotación y sus consecuencias. Y la SCJ le dió la razón.
Paralelamente a las medidas legales en marcha, asociaciones de vecinos y ecologistas realizaban cortes de caminos de acceso a la cantera y establecieron un campamento con la finalidad de impedirle el paso a las máquinas que iban a iniciar los trabajos en la cantera con una intervención policial que intentó impedir los cortes. Entre la batería de argumentos de los oponentes a la explotación existen razones como el riesgo que corren dos zonas muy sensibles a los cambios pertenecientes a la categoría de Natura 2000, sobre las cuales hay un proyecto para declararlas Parque Nacional.
La última palabra todavía no está dicha. La CSJ sólo suspendió las obras hasta que se den todos los detalles sobre la explotación por parte de la empresa. Pero este fallo hace crecer la esperanza para los ecologistas de que en Suecia todavía es posible darle prioridad a la protección de la naturaleza ante los intereses económicos que no garantizan ni explican cuáles serán las consecuencias para el medio ambiente de dicha actividad.
Suecia es un país minero, con decisiones radicales como por ejemplo mudar de lugar una ciudad, Kiruna, para que se pueda explotar el mineral de hierro que existe debajo de ella. Las fuentes de trabajo y los intereses econnómicos pesan mucho en la balanza cuando se otorgan dichos permisos, pero la resistencia civil puede tener como en este caso, un aliado, la SCJ que en esta ocasión le dió la razón a quienes piensan que la actividad económica debe ir de la mano de un control que evalúe las consecuencias que tiene para el entorno. De lo contrario, se convertirá en una herida abierta más en la curtida piel del planeta, y con consecuencias irreparables.
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