Sabían que Silvia Reyes (19 años), Laura Raggio (19 años) y Diana Maidanik (21 años) no estaban armadas y no ofrecerían resistencia alguna a un arresto. Eran integrantes del MLN-Tupamaros y estaban en el foco de la inteligencia militar, además del compañero de una de ellas, Washington Barrios que en esa ocasión salvó su vida por no estar en la vivienda. Luego sería secuestrado en Argentina y desaparecido. Esta fue una repetición de la hazaña del 17 de abril de 1972, cuando el ejército y la policía de entonces asesinaron a ocho militantes del Partido comunista uruguayo frente a la sede de su local partidario. Desarmados y entregados sin ofrecer resistencia.
En todo caso ese episodio del 21 de abril de 1974 fue una de las tantas acciones de la dictadura cívico-militar uruguaya que asolaba al país desde junio 1973 en una ola represiva sin parangón, y que se cobró cientos de vidas y desaparecidos, fuera de los miles de militantes encarcelados, los llamados rehenes en los cuarteles.
Ninguno de los oficiales que dieron las órdenes de disparar ese día, salvo Rebollo, han sido juzgados por ese asesinato a mansalva, ni tampoco sus jefes. Muchos están bajo tierra comidos por los gusanos o viven cobrando una jubilación manchada de sangre. Silvia Reyes, que estaba embarazada de tres meses, recibió treinta disparos en su cuerpo, confirmó su padre que concurrió a la morgue de los militares para reconocerla.
Las tres familias recibieron llamados telefónicas comunicándoles que las jóvenes habían muerto en "un enfrentamiento", insinuando que estaban armadas y habían ofrecido resistencia, disparando contra los militares. Tal es así que un oficial del ejército y un policía murieron en ese procedimiento al intentar ingresar a la vivienda por la puerta del patio trasero, quienes también baleados por sus propios colegas. La inquisición cívico-militar quiso aprovechar esa muerte culpando a las chicas de haberles disparado y matado. De esa manera intentaron instalar una falacia entre los propios familiares de las jóvenes, y en la población en general, para justificar su repudiable acción. Algo que todavía justifica el partido de los militares Cabildo Abierto. Lo ocurrido fue un eslabón más para una estrategia que buscaron elaborar algunos oportunistas desde las tiendas políticas de la derecha, con la intención de ir construyendo la hipótesis de los "dos demonios", es decir que militares y tupamaros fueron en solitario los culpables de la violencia desatada, y ellos, los impolutos hombres de bien, los "boni" de la antigua Roma, procurando quitarse el sayo que los implicara en el golpe de estado, cuando no obstante fueron cómplices cobardes con la dictadura, ocultos detrás de los bastidores.
En el año 2007 el juez Pablo Eguren, dispuso el archivo del expediente que investigaba el asesinato de las tres muchachas en 1974. El magistrado clausuró la investigación a pedido del fiscal Enrique Möller. Todo bien atado y prolijo.
Actualmente el gobierno de Lacalle y la mayoría multicolor parlamentaria, le dan los últimos retoques a una ley, que de aprobarse, permitiría a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad abandonar el establecimiento carcelario de Domingo Arena para cumplir el resto de la condena en sus domicilios. Muy humanos con los pobres viejitos. Continúa la complicidad entre civiles y militares, un hilo rojo irrompible entre los antiguos y presentes cómplices de las aberraciones de la dictadura.
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La esperanza de que algún día se haga justicia siempre existe. Por eso la memoria a esos hechos es significativo recordar y denunciar por un mundo mejor. Por la misma razón que lucharon muchas de las victimas. Gracias por tu nota y revivir el horror vivido en una dictadura cruel.
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