De hidalgos, señoritos y delincuentes

La España que muchos creían muerta ha renacido de las cenizas y con el ímpetu de un toro bravo, y cornea a todo lo que se le pone por delante. Llámese ley contra el derecho a las protestas y manifestaciones en los lugares públicos,  con el riesgo de que le cueste miles de euros al manifestante; la nueva ley de la educación que borra de un plumazo por ejemplo  la materia de educación para la ciudadanía; la reforma a la ley del aborto o ley de la seguridad social, entre otras muchas. Nuevas leyes represivas o que quitan ayudas esenciales a los más desvalidos que llevan el sello de la derecha más cerril, impulsadas  por los cuernos implacables del animal emblemático "marca España".
La misma representa al gobierno del Partido Popular, plagado de figuras imputadas por delitos económicos, prevaricación y otros en una larga lista que en cualquier otro país pondría al gobierno en patitas en la calle. Pero en España basta con negar hasta el hartazgo su culpabilidad en los medios de prensa afines al gobierno para que la gran estafa prosiga su curso. Muchos se preguntan qué es lo que mueve a Rajoy y Cia. para desmantelar años de avances en derechos civiles y sociales para los grupos más necesitados o la creciente clase media, que empezaba a ponerse al nivel de muchos otros países de la Unión Europea. Basta con nombrar el desarrollo de la escuela laica donde la religión había sido hasta hace unos años una norma que enmarcaba el resto de las materias pero con el gobierno pasado de Rodríguez Zapatero quedó sin efecto; o los convenios colectivos entre obreros y patrones, que le daban seguridad en el empleo a los asalariados, o una mayor sensibilidad para la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, y una salud gratuita y los recursos para la cultura y la investigación científica.  Todo eso se ha ido volatilizando.

La justicia, representada por sus jueces y fiscales, se parece a un barco sin timón. Al juez Baltasar Garzón lo eliminaron por su empeño en imputar a los autores de los crímenes  del franquismo y conocer la verdad sobre las decenas de miles de desaparecidos. Mientras que algunos fiscales que deberían representar el interés público,  por el contrario en una actitud aberrante le cierran la puerta a los jueces para que investiguen delitos de lesa humanidad o económicos donde estarían implicados los denominados intocables.  Algunos pocos delincuentes de cuello blanco finalizan en la cárcel porque generalmente son los chivos expiatorios de acciones de la que se han beneficiado los mencionados intocables, léase la infanta Cristina o el ex-director de Caja Madrid, Miguel Blesa. O los actuales ministros que recibían dinero de la llamada contabilidad B del Partido Popular descubierta por el ex-tesorero Luis Bárcenas. Un caso muy llamativo como anécdota es lo ocurrido en el parlamento valenciano. Un diputado fue condenado a varios años de cárcel por diversos delitos económicos y sus colegas, del  Partido Popular, respondieron masivamente ante el poder judicial para que se lo indultara. Los diputados no atendían ningún tipo de argumento jurídico, sino que apelaban a la amistad que los unía al procesado. Y lo hacían desvergonzadamente, como los señoritos de antaño, que de galera y bastón imponían su voluntad sobre la gente mientras entre ellos se hacían favores, protegidos por la blindada impunidad que viene desde antaño, y que el franquismo  selló durante cuarenta años.

Los hidalgos en cambio ocupan los puestos de gobierno. Ministros y otros funcionarios de alto rango dominan la escena política sin apartarse un ápice de las frases repetidas cien veces de que son inocentes de los delitos que se les acusa. El gobierno PP a través de su presidente Mariano Rajoy afirma que coopera con la justicia en la entrega de la documentación que requiere el magistrado. Sin embargo el juez que investiga la corrupción en ese partido tuvo que ordenar un allanamiento de la cede central del PP, y recuperar más de 5 000 documentos que no habían entregado al magistrado. Durante 14 horas revisaron las autoridades judiciales, palmo a palmo las oficinas. Todo esto a consecuencia de que el ex-tesorero Luis Bárcenas, entregara documentación donde se demostraría la existencia de una contabilidad B, donde se derramaban las jugosas contribuciones de los sectores empresariales esperanzados de recibir favores una vez que ese partido asumiera el gobierno. Decenas de millones de euros descansaban en cuentas bancarias en Suiza, EEUU e incluso Uruguay. En otros países basta que se sospeche a la persona de un delito para que él o ella renuncien a su cargo político en espera de una  sentencia condenatoria o absolutoria. A los políticos del PP hay que arrancarlos de las sillas si es que es posible. No es fácil mover al señorito del cortijo. 

El destino de España nos hace recordar el encierro de toros en
Pamplona, donde Mariano Rajoy y sus ministros se parecen a esos los toros que una vez abierto el portón que los contiene, salen en estampida persiguiendo a una muchedumbre que protesta por los recortes y corre desesperada rogando que no los alcance alguno de los cuernos de las políticas rajonianas,  y les atraviese un cuerno la entrepierna o los últimos retazos de su dignidad.