Cuando el derecho a elegir se convierte en delito

Este afiche de Amnesty International cuelga en los vagones del metro de Estocolmo. El texto informa que en El Salvador la mitad de los delitos sexuales se cometen contra niñas entre 12 y 18 años. En caso que alguna de ellas quede embarazada a causa de esa violación, y decida hacer un aborto ilegal, porque el legal no existe, la pueden condenar hasta 50 años de cárcel por el delito de asesinato. En el día de hoy existen 17 niñas condenadas por ese delito en El Salvador.
La dura ley refleja la doctrina de la iglesia católica insertada en la legislación en un país donde hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a modificar esas reglas en favor de las víctimas reales del abuso sexual o del riesgo para la vida de la embarazada o las comprobadas lesiones por los análisis médicos del feto.

El Salvador no es el único país por supuesto que no solo prohibe el aborto sino que castiga "ejemplarmente" a las mujeres que se atreven a elegir si quieren dar a luz o no. La lucha de las mujeres por sus derechos deja al desnudo la mentalidad de los legisladores y los jueces, todos pertenecientes al género masculino,  e indudablemente muy católicos, que imbuidos en la doctrina de una inquisición moderna al gusto del Vaticano, sigue explotando y oprimiendo al sexo femenino no sólo en este ámbito, sino en tantos otros. Qué piensa don Francisco realmente sobre el tema no parece ser prioridad en su programa, y si digamos quisiera romper con la doctrina probablemente lo condenen como hereje.
La campaña de Amnesty es justa porque pone en relieve un tema que no es ajeno a muchos países de América Latina y resto del planeta, donde el derecho al aborto sigue siendo tabú en muchas de estas sociedades y paradójicamente un privilegio para los que pueden pagar por hacerlo y van a misa todos los domingos.

Sabemos que para la embarazada no es una decisión fácil ni caprichosa, por más jóvenes que sean luchan contra un sentimiento de culpa que probablemente las persiga durante toda su vida, aún cuando el bebé haya sido concebido bajo una abominable situación como es la violación. Uruguay tuvo su debate y la ley del aborto tan vilipendiada por los sectores más conservadores, los mismos que pueden pagar por el servicio clandestino, ha tenido un impacto donde el efecto ha sido el contrario al pronosticado por estos  voceros de la moderna inquisición. Con el programa público de atención clínico, social y psicológico a esas embarazadas el número de abortos ha bajado en el país, y lo que es mejor, ya no no se hacen ilegalmente por clínicas privadas o por farsantes vestidos de galenos con los altos riesgos que implica para las embarazadas. Entiendo que las mujeres religiosas no quieran proceder así, pero las reglas de la iglesia deben quedar en casa, pero nunca coartar el derecho que tienen las mujeres a elegir.