Una ley con tufo franquista

    España se tiñe cada vez más con los colores pardos característicos del fascismo. Ahora con la Ley de Seguridad Ciudadana la pone a la vanguardia de la UE en la represión de las protestas de sus propios ciudadanos. Es que el mal llamado Partido Popular desde que llegó al poder a fines del 2010 ha aprobado medidas tan impopulares cuyas consecuencias han dejado nuevas oleadas de desempleados que llegan a la escalofriante cifra de 5 millones de parados, decenas de miles de desahuciados, derechos laborales recortados, sueldos rebajados, sólo para nombrar algunas de las consecuencias. Ahora, con la gente en la calle protestando a menudo sin permiso de la autoridad, el gobierno de Mariano Rajoy y su mayoría parlamentaria, decidió ponerle mordaza a las protestas populares aún con el abierto rechazo de toda la oposición minoritaria. Y no solo con garrote.

El gobierno de Rajoy ha demostrado con esta ley la permanencia del franquismo entre los sectores sociales y sus representantes políticos de la derecha rica, arrogante y a menudo corrupta. Se han decidido a usar mano dura contra los ciudadanos perjudicados por esas políticas que ya no pueden quedarse sentados en el sofá de su casa, si aún la tienen, y se deciden a demostrar su ira y rebeldía contra decisiones que por ejemplo, hacen a los bancos dueños y señores de los millones de vidas arruinadas por las hipotecas, contra los patrones que despiden impunemente a sus trabajadores, la privatización de la educación y la salud pública, y la extendida corrupción entre viejos y nuevos ricos que todos los días pueblan los medios. El mejor ejemplo para mostrar el poder absoluto que ejercen los bancos sobre las personas es la ley que les permite seguir cobrando la hipoteca aún cuando la persona haya entregado la vivienda al banco cuando la deuda no puede ser pagada. Una deuda que lo persiguirá el resto de su vida ya que los bancos tienen esa posibilidad, y hasta ahora no han renunciado a ella.

Las decisiones de aprobar entonces la llamada ley mordaza persigue poner fin a lo que los escudos y garrotes de la policía no pueden detener. El gobierno del PP piensa que la gente ante la amenaza de un nuevo mazazo económico se ponga por propia voluntad y miedo la mordaza y los grilletes ante el riesgo de tener que pagar entre 30 000 y 600 000 euros, (sí esas son las sumas mínima y máxima) dependiendo de dónde y porqué se le ocurrió protestar sin el permiso policial. De esta manera se le da además a la policía la posibilidad de decidir por cuenta propia como si fuera la de tránsito, la suma con la que el manifestante deberá pagar por su atrevimiento de desafiar al régimen. Los jueces no tendrán oportunidad de intervenir. Una indefensión total del ciudadano ante un estado policial que crece a medida que el pueblo se vuelve más díscolo y demuestra su rebeldía en la calle. El mal llamado Partido Popular debería denominarse Partido del Postfranquismo, así sus siglas PP coinciden mucho mejor con su verdadera identidad. Y la gaviota reemplazarla con un buitre. Pero hasta en esos detalles los ”populares” son unos verdaderos farsantes.