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jueves, 27 de julio de 2017

Una bomba de tiempo estalla en las manos del gobierno sueco


El Primer Ministro sueco Stefan Löfvén en conferencia de prensa esta mañana anunció que dos de sus ministros, el de Interior Anders Ygeman, y la de Transporte Anna Johansson, pidieron la renuncia a sus cargos luego de que el escándalo provocado por la Dirección Nacional del Transporte (Transportstyrelsen) iniciara un febril debate sobre responsabilidades y una crisis de gobierno.

Los líderes de la Alianza de centro-derecha, constituida por el Partido Conservador (M), del Centro (C), Liberales (L) y Demócratacristiano (KD) apoyados por Sverigedemokraterna (SD)intimaron al gobierno socialdemócrata a obligar a los dos ministros mencionados y también al de Defensa, Peter Hultqvist, a renunciar. Los dos ministros mencionados, Ygeman y Johansson, no tuvieron alternativa y para evitar que una mayoría parlamentaria los obligara a abandonar sus cargos,  presentaron entonces la renuncia que fue aceptada por el Primer ministro Löfven  y que inmediatamente nombró nuevos ministros.

La alternativa que tenía Löfven era de que todo el gobierno renunciara y se llamara a nuevas elecciones, o que el presidente del Parlamento llamara a la oposición y le preguntara si ellos eran capaces de formar un nuevo gobierno. Lo cual es muy dudoso, por divisiones internas en ciertos temas y porque los cuatro no reúnen mayoría sin el apoyo del partido de ultraderecha (SD), conocido por sus propuestas anti-inmigrantes y xenófobas en muchos pasajes de su programa.
La decisión de Löfven le da un respiro al gobierno, da pruebas de la mano firme del primer ministro en conducir al país y pone a la oposición en la situación de aceptar las medidas tomadas por su gobierno, o continuar con el cuestionamiento al ministro de Defensa, el único que no renunció, considerado como la persona idónea en ese cargo para muchos, entre ellos los militares.

Antecedentes:

Durante el último gobierno de la Alianza de centro-derecha en Suecia (2010-2014) la mayoría parlamentaria de los cuatro partidos que la componen, decidieron reformar  la ley que reglamentaba la conducción y manejo de los datos digitales de las administraciones públicas. De esta manera lo que hasta entonces estaba en manos de las empresas públicas pasaba a las privadas en caso de que se decidiera así. "Es ´más barato", es el karma de los amantes de las privatizaciones. Esta forma de operar, que se denomina outsoursing en inglés, le permitía entonces a las empresas públicas y entes autónomos firmar contratos con empresas privadas para que se hicieran cargo de todo el banco y trafico de datos digitales de las mismas.
En el caso de la Dirección Nacional del Transporte, la directora de esta organización pública, Maria Ågren, tomó la decisión en 2015 luego que IBM presentara el presupuesto más bajo para esta misión, de las tres empresas que se presentaron a la licitación. Ågren firmó entonces con IBM un contrato donde la multinacional norteamericana se hacía cargo del manejo de todos esos datos.

Lo que es llamativo es que ni Maria Ågren, y ni el presidente de esta entidad, Rolf Annerberg, violando claramente las leyes que rigen sobre  este tipo de datos relacionados con la seguridad del país, no hubieran hecho un análisis sobre los riesgos que podría acarrear un contrato con IBM.
El propio personal de seguridad de esta administración advirtió sobre ellos, señalando que información sensible y secreta sobre la infraestructura y personal civil y militar encargada de operar en lugares estratégicos, podrían caer  en manos de los servicios secretos de otros países, entre ellos Serbia, aliado de Rusia. Esos datos en manos de los rusos  le vendrían de perillas. Y es que IBM tiene parte de su infraestructura en ese servicio de manejo de datos justamente en Serbia, un aliado de Rusia. Vehículos militares, carnets de conducir con la identidad de las personas, infraestructura carretera y miles de otros datos que hacen a la seguridad del país, podrían haber caído  en manos de esos servicios secretos que Suecia considera "enemigos potenciales", en caso de un conflicto bélico internacional entre Rusia y la OTAN, a pesar de la mentada neutralidad sueca.

El impacto de la decisión impulsó entonces a la oposición de centro-derecha a apostar alto y pedir la renuncia de tres ministros, el de Interior, Anders Ygeman, el de Defensa Peter Hultqvist y la de Transporte Anna Johansson, todos socialdemócratas.
La iniciativa que había tomado la oposición había sido complementada con una denuncia apoyada también por el gobierno de que el Comité Constitucional del Parlamento investigara todo lo relativo sobre la toma de decisiones, quienes sabían y cuando. Sin embargo, la oposición no quiso esperar el resultado de esa investigación y se adelantó a los hechos, esperando ganar puntos en medio de la crisis. Porque uno de los débiles pilares del gobierno en este asunto es que Yngeman y Hultqvist conocían el serio problema ocasionado por Ågren y Annerberg, pero recién informaron al Primer Ministro Löfven y a la propia ministra de Transporte  Anna Johansson,  en enero de este año, según han declarado.

El llamado outsoursing ha sido una bomba de tiempo que el centro-derecha dejó paradójicamente en manos del siguiente gobierno, en este caso socialdemócrata, el que se oponía a aquella reforma pero no tenia mayoría para cambiarla. Esta crisis inesperada, causada por una directora de una administración pública que por un desconocido motivo tomó decisiones ilegales, puso en un duro aprieto al Primer Ministro Stefan Löfvén, quien trata de zafar ahora con no poca audacia y desafiando a la oposición a que intenten obligar a renunciar al popular ministro de Defensa. Lo que no pocos consideran una jugada de alto riesgo.




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