Uruguay volvía a la década del ´30, cuando José Luis Gabriel Terra, se daba un autogolpe.
Sin embargo era más de lo mismo con la diferencia del momento. En los ´70 la resistencia obrera, estudiantil y ciudadana desbordaba al poder de la oligarquía, y la región estaba que ardía en la confrontación de dos modelos vigentes entonces. Era brutal y no había piedad con los vencidos. Enumerar todos los atropellos a la legalidad constitucional y a los derechos humanos sería una larga lista, que en general todos la deberían conocer, aunque muchos simulan no hacerlo o la justifican.
Hoy se vienen repitiendo los abusos, pero de una forma más sofisticada, sutil incluso.
Son golpes puntuales y que apuntan a debilitar a las organizaciones de base civil y a las instituciones del estado en un amplio abanico. En esa lista aparecen por ejemplo los sindicatos de profesores, como Fenapes, esencial en la estrategia del gobierno, porque es un duro escollo a la pretendida reforma de la enseñanza que busca cambiar el paradigma Valeriano de la misma.
Hacer caso omiso a la fecha aniversario del golpe de estado, significa para el poder ejecutivo una fuerte señal de apoyo a la institución militar que goza de privilegios impensados para otros cargos públicos -- salarios y jubilaciones para sus oficiales-- principalmente entre las categorías más altas. Hoy, además, muchos oficiales (r) gozan de doble compensación al recibir sueldos por cargos de confianza sumada la jubilación (a los 45 años).
La connivencia de esos sectores económicos y políticos con la cúpula militar es innegable porque dependen mutuamente una de otra. Así se tejen las trenzas del poder. Además de dejar por el camino los valores democráticos con los que se llenan la boca en cada fecha patria, fomentan la hipocresía de que todas las medidas que toman son para beneficiar al pueblo que en realidad explotan sin escrúpulos. Los datos lo demuestran, aunque mucha gente todavía se conmueve más con el relato bien aceitado de la agencia de publicidad que pone en boca de un inefable presidente y que respalda las acciones del gobierno, por más desopilantes que sean.
Recuerdo la irrupción del jefe del penal de Libertad aquél 27 de junio de 1973, un oficial con el cargo de Mayor. Un grupo de oficiales de menor rango estaban presentes mientras mi compañero de celda, Carlos Cacho Benia y yo, hacíamos una tarea de fajina en el lugar. Con los ojos desorbitados y la sonrisa desbordando su bigote recortado, entró en el recinto anunciando el fin del caos y el comienzo de la nueva era comandada por sus superiores. Todos los verdolagas con cargo de oficial se abrazaron festejando. Los cabos y los soldados los miraban sin comprender. Nosotros intuimos a lo que se refería. La noticia corrió como reguero del pólvora por el penal.
No sé que pensarían esos milicos en 1985 cuando tuvieron que retirarse con la cola entre las patas, aunque impunes entonces y ahora, salvo unas pocas excepciones. Es de recibo que este gobierno en su Torre Ejecutiva pergeña la idea de que a esos pobres viejitos condenados por crímenes de lesa humanidad, deben devolverse a sus hogares para que puedan morir en paz junto a los suyos. Los mismos que participaron directa o indirectamente en abusos de incalificable gravedad contra las detenidas y detenidos en los cuarteles deben ser perdonados aunque nunca confesaran, por ejemplo, donde están los detenidos desaparecidos, una llaga abierta en la sociedad y en las familias de aquéllas víctimas del autoritarismo.
Sí, la Torre Ejecutiva tiene una nube de humo en su cúpula. Trata de tapar con olvido, y pretende que todos lo hagamos, los crímenes más horrendos —y la complicidad que significó aquel 27 de junio entre el poder civil y militar.
¡Nunca Más! resuena sin embargo por las calles.
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