Sin dudas se analizarán de cabo a rabo todos los detalles en esos 459 artículos donde el Ejecutivo saca pecho, a pesar de que cuando se miran las costuras de esos millones surgen interrogantes que ponen en duda muchos de esos aparentes beneficios.
Por esta razón voy a enfocar esta crónica en un artículo que poco tiene que ver directamente con el gasto público, pero sí con la estrategia de cómo se reglamentan los medios de difusión del país. La cuestión es que en esta ley de Presupuesto se contrabandea sin ningún pudor, por ejemplo, la derogación de la ley actual de medios de 2014, y se la sustituye con... un esperpento de ley debido probablemente a que el gobierno pretende acorralar a sus aliados con un ultimátum: la reforma de ley que hoy está encallada en el Parlamento, por disidencias dentro de la mayoría multicolor, no fue aprobada. ¿Qué pretende hacer entonces el P Ejecutivo? "No me aprobás la ley herrerista, entonces te sustituimos la actual de 2014 con lo que había antes, incluso antes de la dictadura", que era NADA.
O sea, volvemos al Lejano Oeste donde las reglas eran mínimas y las oportunidades para acumular licencias y permisos en la práctica no tenían límites. Entonces no existían los canales de cable, y otras plataformas, había cuatro canales, 4, 5(público)10 y 12 y pará de contar. Las estaciones de radio eran las que predominaban porque no todo el mundo podía comprar un aparato de TV en la década del 60 y parte del 70, cuando la mayoría de la población se empobrecía más y más. Se agregaron solo dos artículos de la ley de medios de 1977 de la dictadura, en realidad dos decretos, que es la inclusión del idioma por señas y la transmisión de los partidos de la celeste en fase de clasificación.
Veremos cómo reaccionan los socios de la coalición, el P Colorado y Cabildo Abierto, que eran los que habían sugerido algunas reformas al proyecto de ley herrerista empantanado en el parlamentos como ya mencionamos.
Este presupuesto del partido del presidente Lacalle, afanado en apretar el acelerador a fondo para lograr claros objetivos clasistas, beneficia solo a los ya agraciados canales nacionales privados, que mantienen su predominancia en el sector televisivo, los ya nombrados 4,10 y 12. Son propiedad de familias que tienen vínculos muy fuertes con sectores del PN y que, en un toma y daca, fortalecen al poder político de ese partido y se benefician económicamente. El último regalo fueron más de diez millones de dólares por un período de tres años a esos medios para que puedan verse sus programas por las pantallas de ¡los teléfonos celulares! Más el uso de la fibra óptica de ANTEL por esos tres canales y dos más, uno en Colonia y otro en Pando. Por ahora, ya que hay más interesados en ingresar a ese sector.
No hay dudas. Se pretende demoler los cimientos mismos de la estructura legal de los medios para asegurarse el relato en lo que queda de período de gobierno. Como hasta ahora, pero multiplicado. La derecha es consciente de que le va la vida si no ganan las elecciones de 2024 Porque si gana el FA probablemente - y dependiendo de las mayorías parlamentarias- muchos de esos privilegios y reformas a favor de las élites del país y de las multinacionales, como en el caso del puerto de Montevideo, se intentará revertirlas. Así como en el campo de la salud, la educación, seguridad, etc.
En el ámbito policial la Guardia Republicana pasará a ser una "fuerza intermedia" o sea una cuerpo de represión policial militarizado. ¿Consecuencias? Ya veremos. Pero no pronostica nada bueno. En otro artículo se refiere a que los policías que participen en un operativo donde se incauten medios económicos de todo tipo, se verán compensados con ¡un porcentaje del mismo! Queda abierto el pillaje arbitrario si hay interés en expropiarle a una persona que esté en la mira de las autoridades, aunque no sea delincuente. Teóricamente basta plantarle unas bolsas de droga en la casa para procesarlo y expropiarle todos sus bienes. ¿Corrupción policial? Según el propio ministro Heber, muy ufano, señaló que fueron despedidos más de 500 policías en 2021, en parte por corrupción y otros delitos. Y unos días antes expresaba que no había corrupción policial en Uruguay.
Y hay mucho más en este carrusel de propuestas descabelladas.
Esperemos que el FA en el parlamento cuestione los aspectos más retrógrados de este presupuesto y resalte con argumentos contundentes las consecuencias de las políticas del P Ejecutivo, que innegablemente contradicen los principios y valores para establecer una sociedad más justa y equitativa, más democrática y republicana, más libre y educada.
Lo dicho sobre este gobierno: ¿está lleno de mediocres compulsivos o de cínicos sin escrúpulos? Queda a su libre elección, estimada lectora/or.
(1)Recuperación salarial para los funcionarios públicos (70 millones de dólares), así como a las otras áreas "prioritarias" : educación (45 millones de dólares), seguridad (27 millones de dólares), ciencia (26 millones de dólares) y salud pública (26 millones de dólares. Cabe destacar que esa suma de 226 mdd es menor a lo que el P Ejecutivo ahorró en 2021 que fueron 600 millones de dólares! O sea, ya tenían los fondos para 2023 a costa de salarios y jubilaciones más bajas. Se ufanan de no subir impuestos, lo que también es mentira. Fuegos artificiales para consuelo de las ovejas esquiladas que los votaron. Mayor oportunidad para los que cuestionan la farsa que intenta montar
el P Ejecutivo y sus aliados)
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