Maniqueísmo a la española

La reforma de la ley de interrupción del embarazo se concretó la otra noche en las Cortes españolas por una mayoría de los diputados del Partido Popular. Algo esperado aunque muy descafeinado si pensamos en la promesa electoral del PP para conformar la demanda de los sectores más conservadores de la sociedad, con la Iglesia católica como principal agitador. La campaña comenzó contra el gobierno de Zapatero cuando se aprobó la ley de interrupción del embarazo y prosiguió hasta que el PP llegó al gobierno con la promesa de abolirla. En concreto, la parte que finalmente se derogó de la ley es el derecho de las jóvenes de 16-17 años de realizar un aborto sin conocimiento de sus padres. Como la derecha conservadora tiene una visión maniqueísta de la sociedad, es decir dividida entre el bien y el mal, fueron a la carga distorsionando el verdadero sentido de la ley que solo debido a causas extremas de seguridad de la chica se le realizaba la interrupción del embarazo, por ejemplo por su endeble situación social y/o familiar entre otras razones. La empecinada realidad muestra no obstante que en 2014 el numero de embarazos interrumpidos descendió un 3, 3 por ciento.

Sin embargo, quienes le niegan ese derecho a esas chicas menores de edad, las obligan a hacer un aborto clandestino si tienen para pagarlo con los riesgos inherentes, o asumir una responsabilidad que probablemente les sobrepase y sea un difícil dilema para toda la vida. Tampoco el aluvión de abortos secretos para el resto de la familia, realizados con permiso del estado fueron el aluvión que se esperaban. Las estadísticas muestran que en 2014 poco más del 3 por ciento de los embarazos interrumpidos (unos 800 casos) fueron hechos bajo estas condiciones a jóvenes de 16-17 años, es decir por causa de una grave situación familiar y/o social que amenazaba la seguridad de la embarazada. Vale la pena señalar que la lucha de muchas organizaciones femeninas que estuvieron presentes en las calles con multitudinarias manifestaciones y la gran presión al gobierno por la oposición y dentro del mismo PP, obligó al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón a renunciar cuando se le cerraron todos los caminos para una reforma total de la ley.

Una pequeña victoria en un ámbito parlamentario donde el PP tiene mayoría absoluta y controla con mano férrea a sus diputados. La reforma parcial de esta ley cayó muy mal en las organizaciones que hicieron campaña en contra de la ley de Zapatero, como por ejemplo la Asociación Católica de Propagandistas, la Asociación de investigadores y profesionales por la vida (CiViCa), la Asociación en Defensa de la Vida Humana (Adevida) entre otras, y la propia iglesia donde uno de sus más conocidos portavoces, el cardenal Rouco Varela, fue uno de los principales agitadores. El mismo cardenal que después de su jubilación habita un apartamento de 320 m2 en Madrid, recién reformado cuyo costo total ha sido de más de 3,2 millones de euros a pesar que el Papa Francisco ha advertido sobre estos excesos a los representantes de Dios en la Tierra. La oposición del PSOE y muchos otros partidos prometen volver a restablecer la ley de Zapatero que logró evitar abortos ilegales o en clínicas privadas del exterior otorgándole a la mujer su capacidad de decidir con profesionales que le ayudan a a orientarse y ver las consecuencias cualquiera sea su decisión.