La paz en Colombia parece estar a la vuelta de la esquina, por lo menos en lo que tiene que ver con el conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC. En más de medio siglo de combates, escaramuzas, masacres, persecuciones, 220 000 personas han perdido la vida, más de 400 000 refugiados y casi 7 millones de desplazados son solo un ejemplo de la magnitud de la tragedia que ha vivido este país sudamericano. Sin dudas el mayor de todo el continente. El 26 de septiembre próximo se firmará en Cartagena de Indias el acuerdo de paz entre las partes beligerantes. Cuatro años de negociaciones entre la Habana y Oslo han permitido que gobierno y guerrilla hayan ido acercando sus posiciones hasta poner a punto un plan y programa del abandono de las armas, la readaptación de los guerrilleros a la sociedad civil, la posibilidad de que participen en la vida política de su país y reformas principalmente dirigidas al agro, son algunos de los aspectos de este plan de paz. El mismo debe ser refrendado el 2 de octubre a través de un plebiscito donde la sociedad tendrá la oportunidad de aprobar o rechazar el plan de paz. Luego vendrá probablemente otro proceso similar, esta vez con el ELN, otro de los grupos guerrilleros beligerantes en Colombia.
Si bien a nivel nacional e internacional hay un apoyo masivo de partidos, ONG, la ONU hasta los principales países del continente americano y Europa, al interior de Colombia existe toda una movida que se opone al plan de paz que es liderado por el ex-presidente Alvaro Uribe. Las razones de este movimiento son que muchos dirigentes guerrilleros acusados de asesinatos y narcotráfico saldrían libres de los cargos que se les imputan. Sin embargo nada dicen de los militares que también han sido acusados de crímenes de lesa humanidad. No obstante, nadie ignora que lo que teme en realidad la élite colombiana, es decir los propietarios de grandes fincas y explotaciones agrarias, son las reformas acordadas para el campo. 8 millones de hectáreas serán repartidas a unidades cooperativas de producción agraria en decenas de lugares estratégicos del país que restituirían en parte las tierras perdidas por esos miles de campesinos desplazados por los grandes consorcios y latifundistas y sus paramilitares. Que los sectores más humildes y los trabajadores en general se vean beneficiados por esos acuerdos de paz significan una pérdida de poder para los que están acostumbrados a ejercerlo sin restricciones, con la violencia si fuera necesario, por lo que no está demás recordar el papel que jugaron los grupos paramilitares asesinando a sindicalistas y miembros de las ONG o simplemente quienes se oponían a ellos. Las víctimas de estos grupos ultraderechistas se cuentan por decenas de miles.
Para el presidente Juan Manuel Santos el acuerdo de paz no es un instrumento perfecto, pero es lo más cercano que se puede arribar a una solución final de este conflicto y comenzar a transitar hacia una sociedad que no estará libre de ellos, pero probablemente libre de conflictos armados, de el ejercicio de la violencia para resolver los pleitos y demandas de la sociedad civil. Y aquí jugará un papel de primer orden cómo la justicia afronta ese conflicto de intereses. Una justicia débil frente a la presión de los poderosos será caldo de cultivo para que muchos quieran volver a empuñar las armas. Como señal positiva en el acuerdo de incluirá la constitución de tribunales que juzgarán a jefes guerrilleros y militares por muchos de esos crímenes cometidos contra civiles. Las FARC ya han pedido perdón a los familiares de las víctimas de Bojayá y lo harán ahora a los familiares de 11 diputados asesinados en Valle del Cauca en 2007. Son gestos, y nadie borrará el dolor para esos familiares, pero los mismos han respondido con otro gesto que los enaltece, es decir han aceptado el pedido de perdón de la guerrilla. La violencia está muy arraigada en las zonas más pobres y castigadas por la discriminación, la explotación y la ceguera de esa élite que no puede ver, incluso para ellos mismos, la posibilidad de que a través de una forma más democrática y justa de ver la sociedad y resolver los conflictos, todos podrán vivir sin miedo y olvidar el terror a los que han estado sometidos durante más de medio siglo.
Si bien a nivel nacional e internacional hay un apoyo masivo de partidos, ONG, la ONU hasta los principales países del continente americano y Europa, al interior de Colombia existe toda una movida que se opone al plan de paz que es liderado por el ex-presidente Alvaro Uribe. Las razones de este movimiento son que muchos dirigentes guerrilleros acusados de asesinatos y narcotráfico saldrían libres de los cargos que se les imputan. Sin embargo nada dicen de los militares que también han sido acusados de crímenes de lesa humanidad. No obstante, nadie ignora que lo que teme en realidad la élite colombiana, es decir los propietarios de grandes fincas y explotaciones agrarias, son las reformas acordadas para el campo. 8 millones de hectáreas serán repartidas a unidades cooperativas de producción agraria en decenas de lugares estratégicos del país que restituirían en parte las tierras perdidas por esos miles de campesinos desplazados por los grandes consorcios y latifundistas y sus paramilitares. Que los sectores más humildes y los trabajadores en general se vean beneficiados por esos acuerdos de paz significan una pérdida de poder para los que están acostumbrados a ejercerlo sin restricciones, con la violencia si fuera necesario, por lo que no está demás recordar el papel que jugaron los grupos paramilitares asesinando a sindicalistas y miembros de las ONG o simplemente quienes se oponían a ellos. Las víctimas de estos grupos ultraderechistas se cuentan por decenas de miles.
Para el presidente Juan Manuel Santos el acuerdo de paz no es un instrumento perfecto, pero es lo más cercano que se puede arribar a una solución final de este conflicto y comenzar a transitar hacia una sociedad que no estará libre de ellos, pero probablemente libre de conflictos armados, de el ejercicio de la violencia para resolver los pleitos y demandas de la sociedad civil. Y aquí jugará un papel de primer orden cómo la justicia afronta ese conflicto de intereses. Una justicia débil frente a la presión de los poderosos será caldo de cultivo para que muchos quieran volver a empuñar las armas. Como señal positiva en el acuerdo de incluirá la constitución de tribunales que juzgarán a jefes guerrilleros y militares por muchos de esos crímenes cometidos contra civiles. Las FARC ya han pedido perdón a los familiares de las víctimas de Bojayá y lo harán ahora a los familiares de 11 diputados asesinados en Valle del Cauca en 2007. Son gestos, y nadie borrará el dolor para esos familiares, pero los mismos han respondido con otro gesto que los enaltece, es decir han aceptado el pedido de perdón de la guerrilla. La violencia está muy arraigada en las zonas más pobres y castigadas por la discriminación, la explotación y la ceguera de esa élite que no puede ver, incluso para ellos mismos, la posibilidad de que a través de una forma más democrática y justa de ver la sociedad y resolver los conflictos, todos podrán vivir sin miedo y olvidar el terror a los que han estado sometidos durante más de medio siglo.
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