Las trampas y posibilidades del mundo digital

Foto Wikipedia. La supercomputadora de la NASA
no tiene nada que ver con este caso.

Hace pocos días ocurrió en Suecia un fenómeno que puso en tela de juicio una vieja ley del siglo XVIII.  Se trata del llamado Derecho a la Información Pública, donde cualquier ciudadano tiene acceso a documentos que no son secretos dentro de la esfera pública, es decir gobierno, parlamento, justicia, entes autónomos,etc. Lo que sacudió los cimientos de la vieja ley fue la puesta en marcha de una empresa, Lexbase, que ofrecía a todos los que tuvieran interés, acceder a un mapa de su ciudad, barrio y/o calle donde estaban las personas que habían sido procesadas por la justicia.

Lexbase basó su oferta de servicio con la posibilidad no sólo de ver marcados con puntos rojos en el mapa donde vivía un delincuente actual o pasado, sino también por la razón que había sido procesado. Para eso habían succionado todos los juicios archivados de los tribunales y por una suma de dinero vendían al interesado el motivo por el que había sido procesado su vecino. Un negocio que prometía porque cuando el "Gran Hermano" te permite conocer de qué calaña es tu vecino y porqué estuvo en chirona, las visitas a la página web de Lexbase se multiplicaron por miles de curiosos el primer día. Los cuestionamientos morales y legales contra la puesta en marcha del proyecto fueron también muchos, ya que en la tela de araña de Lexbase caían atrapados los que ya habían pagado con cárcel su delito o los que todavía se abrazaban a las rejas. La pregunta que se hacen todos es que si la ley del Derecho a la Información Pública da el derecho a la información sobre los casos que están cerrados en los tribunales, porqué no era válido acceder a esa información mucho más rápido y sin trámites burocráticos de por medio y que llega a una mayor cantidad de ciudadanos.

Varias instituciones públicas y personas relacionadas con la justicia propusieron un cambio inmediato de la constitución que garantiza ese derecho a la información para limitarla. Otros trataron de inmoral el servicio porque no tenía una finalidad más que económica y podía además arriesgar la vida de por ejemplo un pederasta en caso que se descubriera que vivía en la misma calle de personas decididas a hacer justicia por mano propia. Las reacciones y  las consecuencias reales o imaginarias fueron tan fuertes que al tercer día de su existencia la empresa perdió a dos importantes miembros de su dirección, pero lo peor de todo es que su sitio web fue jaqueado y miles de nombres, direcciones y cuentas personales fueron a parar a lo que se cree ha sido una banda de estafadores que ahora pueden pastar a su antojo en las cuentas bancarias de las víctimas antes de que reaccionen. La facilidad con que los hackers accedieron a eludir las barreras de seguridad de Lexbase muestra también lo vulnerable que era su protección contra tales ataques. Casi una broma de mal gusto con consecuencias todavía desconocidas.

La cuestión de fondo en todo caso que pone sobre el tapete el fenómeno Lexbase es si el Derecho a la Información Pública seguirá siendo un derecho de unos pocos que saben cómo usarla, es decir periodistas, abogados, políticos, patrones que desean conocer los antecedentes de sus potenciales empleados, y los particulares que están interesados por algún motivo en conocer no sólo quién cometió un delito, sino con qué medios un diputado o un alcalde se construyó una villa de lujo con un salario que a todas luces no se lo permitiría. Habrá que limitar en el futuro el alcance de la ley? Es posible contener el desarrollo digital y la posibilidad de distribuir información a todos los que quieran acceder a ella? El equilibrio entre los valores éticos que debe guardar la constitución y las fronteras entre la integridad personal y la transparencia están en juego.  Veremos que camino deciden tomar los que deciden cuál será el destino de esa vieja ley que muchos ya quieren desempolvar.