La derecha no desilusiona, salvo a los ingenuos que una vez más creyeron que las promesas de campaña eran sólidas y no humo. Hay que admitir que el nuevo gobierno es consecuente con su ideología y forma de ver la economía del país, cuyo actor regulador e inversor, el estado, debe ser sustituido paulatinamente de la gestión pública, y dejarle la pista libre al mercado y la inversión privada. Tal vez una frase de la ministra de Finanzas Elisabeth Svantensson (Moderaterna) resuma mejor el alcance de este nuevo presupuesto: ”Se va a empeorar antes de que mejore”, y todos sabemos que la mejora es para quienes tienen mucho y peor para los que tienen mucho menos.
En resumen, se asignarán poco más de 40 mil millones de coronas (unos 4 mil millones de dólares) para las distintas áreas de la gestión pública. Las primeras en verse afectadas por los escasos recursos son las comunas y provincias que demandaban 20 mil millones de coronas y recibirán sólo 6 mil millones. Esto significará que los servicios empeorarán o en el mejor de los casos mantenidos con parches, según comentarios de esos sectores que lamentan que el bienestar de la población será afectado poco o mucho según la situación económica de cada lugar. La Salud y la Educación públicas serán también las primeras víctimas a pesar de las sabrosas promesas que tanta ilusión crearon en algunos sectores.
El gobierno justifica sus decisiones ante un escenario de alta inflación (9%) y una anunciada recesión de la economía para 2023 que afectará a las finanzas del país, dos fenómenos que exigen medidas cautelosas y no sobrepasar las posibilidades de una financiación que puede resultar muy cara en el futuro. Para eso prometían crear más empleo y reducir subsidios.
Sin embargo de eso nada, prácticamente no hay nuevos recursos para crear nuevos empleos a la vista. La construcción tal vez sea el mejor ejemplo: en ese sector la subvención a la construcción de viviendas es eliminada totalmente, lo que significa un duro golpe con miles de trabajadores al seguro de paro. Patrones y sindicatos anuncian que se prevé una importante reducción en la construcción de viviendas de alquiler.
Otro sector que recibe un duro golpe es la lucha por un mejor medio ambiente y contra el cambio climático. La subvención a la compra de vehículos eléctricos es anulada lo que aumentará las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera; el porcentaje de biocombustible (llamado reducción obligada) será reducida al mínimo en naftas y diesel que contribuirá también a aquél fenómeno, a contrapelo de los objetivos que se predican en la conferencia por el clima que se realiza en el Cairo.
Los sectores donde el nuevo gobierno es consecuente son los recursos para la policía y la justicia (2,5 mil millones de coronas) y la Defensa (4,3 mil millones de coronas) que irá en aumento hasta alcanzar el 2% del PBI exigido por la OTAN.
Por último, muchos de los miles de millones que se aportan a la economía provienen en esta ocasión del ahorro por 7,2 mil millones de coronas al financiamiento de los países en desarrollo, reducción que irá en aumento en los dos próximos años. Suecia pasa a ser uno de los países que se destacan por ser uno de los que más ha recortado esa ayuda. También el cupo anual de refugiados de la ONU se reducirá de algo más de 6000 a apenas 900 refugiados.
Las perspectivas del escenario para lo salarios y las jubilaciones con la alta inflación no es nada prometedora. A la mayoría de los sindicatos en general les cabe el discurso de que no puede haber aumentos altos porque eso dispara aún más la inflación. Los menos prometen luchar por mejorar poniendo el acento en los salarios más bajos. En todo caso los ganadores en la crisis son los bancos, las empresas industriales de exportación y de servicios. Han acumulado capital y veremos cómo lo emplean. Por ahora parece que algunas lo hacen en paraísos fiscales. Conducta obligada si se quiere evitar que el estado les "rapiñe" algún porcentaje para ayudar a los más necesitados.
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