Uruguay tiene su propio Baltasar Garzón

Sede de la SCJ.Foto: Poti Campos/Flickr.

Cincuenta casos de terrorismo de Estado y violación a los derechos humanos han quedado colgados de la brocha cuando la suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió que Mariana Motta debía abandonar su cargo de jueza en lo penal para asumir un cargo como jueza en lo civil. La medida originó una serie de protestas de diferentes organizaciones de DDHH y hasta una demostración en la misma sede de la Corte. Y es que la SCJ trasdlada al ámbito de lo civil a una magistrada que durante muchos años se capacitó para investigar ese tipo de violaciones y crímenes de estado, algo que viene haciendo desde hace un largo tiempo cuando la legislación permitió ponerle fin a la impunidad de los militares y policías implicados en aquéllas violaciones de DDHH cometidas durante la dictadura.

A diferencia del juez Baltasar Garzón que fue marginado de todo lo que tiene que ver con la justicia en España, y que dado el caracter de los escándalos de corrupción en la España de Rajoy, bien que haría falta este juez de probada integridad ética, la jueza Mariana Motta fue simplemente sacada de la cancha con un golpe de cadera de la SCJ. Formalmente la política de esta organización de justicia uruguaya es que los jueces roten en distintos ámbitos para ganar experiencia y diversificar su profesión. Sin embargo esa estrategia podría matizarse con jueces expertos en temas que dominan y donde no hay reemplazantes con la misma capacitación como es en este caso.

Pero este cambio viene precedido de una campaña organizada desde los llamados partidos tradicionales, Blanco y Colorado, más los órganos de prensa que colaboraron en esa campaña con titulares y textos que lejos de coincidir con la verdad, quedaron plantados como tal en la conciencia de mucha gente porque nunca fueron corregidos ni la jueza tuvo oportunidad de desmentir la desinformación que proporcionaban. La jueza Mariana Motta era presentada como una jueza que abría procesos llevada por sus simpatías ideológicas con la izquierda y no por  un auténtico espíritu profesional. Su presencia mediática haciendo declaraciones donde cuestionaba incluso al propio gobierno del Frente Amplio  por no impulsar una política más dura de derechos humanos contra la impunidad le valió también antipatías dentro del gobierno de José Mujica. La nueva jueza, Beatriz Larrieu no tiene la especialización de su colega y deberá estudiar desde un comienzo los 50 casos que estaban en marcha, lo que significa que deberán pasar muchos meses o años para que logre remover las piedras puestas en el camino para que se pueda hacer justicia, si es que alguna vez llega a puerto. La CSJ está en falta con todas las víctimas, y aunque varios de los más altos representantes de la represión están tras las rejas, todavía hay uniformados que se pasean libremente por las calles con muertos y torturados sobre su conciencia.