En el mundo de las series de la TV, sea Netflix, HBO y otras, el entorno social y político puede ser relevante, o estar como un difuso trasfondo sin que el espectador lo perciba claramente, o no existir. Una estupenda serie policial sobre dos homicidios en una pequeña localidad, Sherwood, producción con el mismo nombre (6 cap) de la BBC. La serie encierra, con motivo de los inexplicables homicidios, un conflicto social y político latente durante cuarenta años entre los vecinos, y que reproduce lo que fue la estrategia del gobierno de M Tatcher en su esfuerzo por destruir a los sindicatos del carbón y la resistencia a sus políticas neoliberales.
La huelga de los mineros del carbón y la estrategia del gobierno de Margareth Tatcher durante la década de los ´70, que dividió a la clase obrera entre huelguistas y "carneros" al radicalizarse la lucha de los trabajadores por los puestos de trabajo y la consiguiente represión policial, no solo en la calle rompiendo cráneos con el garrote, sino infiltrando con falsos mineros a los sindicatos para determinar cuáles eran los dirigentes sindicales locales, sus funciones, propuestas e iniciativas para organizar un archivo con todos sus antecedentes. Nada nuevo bajo el sol. Ocurre en diversos países como España, lo más cercano a nuestros pagos. Pero lo que la serie devela a través de documentos publicados posteriormente en ese país, es que la estrategia de Tatcher y su gobierno fue crear esas condiciones de enfrentamiento total para romperle el espinazo a los sindicatos y debilitar los reclamos de los trabajadores, cueste lo que cueste. En definitiva provocar la guerra abierta entre el poder político y las organizaciones sindicales con la seguridad de que los derrotarían como así ocurrió. En todo caso no se puede obviar que aquella política de Tatcher indirectamente benefició al medio ambiente al cerrarse muchas minas de carbón, cuando a la exprimer ministra no se le pasaba por la cabeza proteger la naturaleza y apenas se hablaba de un cambio climático en el ámbito internacional.
A la vista de lo que está ocurriendo en Uruguay, con los ataques abiertos o encubiertos del poder político, del mediático, ambos al servicio del poder real, contra sindicalistas y parlamentarios de la oposición, despierta la sospecha de que están están trabajando con la misma estrategia: obligar a los trabajadores de los llamados entes públicos, quienes tienen el apoyo de otros sectores sociales y académicos, a radicalizar su lucha en un escenario donde la política del gobierno es a dos bandas: enriquecer más a los más privilegiados y empobrecer aún más a los que viven de su salario y jubilaciones o simplemente viven en la indigencia de la que nunca podrán salir.
Suena conspirativo por supuesto. Pero la lucha entre estos intereses es descarnada en muchos países del mundo. En Uruguay una estrategia de confrontación tan abierta no funcionaría como en el Reino Unido de los ´70, como no funcionó en los ´90 cuando papito Lacalle era presidente y la movilización popular impidió la privatización de UTE y OSE.
Ahora los cambios que llevan a la privatización de los servicios públicos se hacen parcialmente, pasito a pasito o descaradamente. Se firman contratos con promesas de inversiones por millones de dólares de parte de privados para administrar por ejemplo el puerto de Montevideo durante cincuenta años más por parte de la empresa belga Katoen Natie, o se aprueba la construcción de una planta para potabilizar el agua del Río de la Plata para proveer de agua potable al área metropolitana de Montevideo y departamentos vecinos, en un lugar amenazado por periódicos fenómenos de alta salinidad y floración de cianobacterias comprobadas. Esta localidad se llama Arazatí, departamento de San José, y será probablemente escenario de una larga lucha por detenerlo porque no cumple con las normas medioambientales.
El proyecto es infumable por todos lados que se lo mire, y demuestra la arrogancia y ferocidad para darle al sector privado los jugosos beneficios por décadas sin importarles los recursos y argumentos de la academia ni el bienestar del cliente. ¿Cuántas "cometas" están remontando en la cadena de políticos y funcionarios corruptos para poder aprobar semejante adefesio y ofrecer en el futuro, si se concreta, un agua de pésima calidad a la población con consecuencias imprevistas para la salud?
A pesar de todos los informes que alertan sobre los riesgos de este emprendimientos y sus altos costos, hasta ahora el gobierno de la coalición multicolor no da marcha atrás a pesar de tener una alternativa más barata sobre el arroyo Casupá en Canelones, un proyecto diseñado por la empresa pública OSE (que cuenta con un préstamo del BID) la que se encarga de administrar y potabilizar del servicio de agua corriente. Recordar que en los ´90 trató de privatizarse por el herrerismo representado en aquella ocasión por Lacalle Herrera, papi del actual presidente. Fenómenos similares está ocurriendo en ANTEL y UTE, la primera ofrece servicios en telefonía celular, banda ancha, etc y la segunda proveer de energía eléctrica a la población. Pasito a pasito se privatizan diversos servicios a espaldas de la población.
O sea, los Lacalle son unos neoliberales empeñados en transformar al Uruguay en un faro neoliberal donde el capital tenga vía libre para explotar los recursos naturales y técnicos sin la oposición de la clase asalariada, pequeños emprendedores en el campo y la ciudad. organizaciones sociales y sindicales.
Solo el gran capital, los llamados torpemente y provocativamente "mallas oro" por el presidente Lacalle, tendrían la posibilidad de seguir depredando naturaleza, recursos humanos y toda la cadena de valores políticos y culturales, sin oposición, en una sociedad que ha buscado a través de sus luchas y reformas ser más igualitaria y solidaria.
La cadena de espionaje a dirigentes sindicales, senadores y también periodistas, son una muestra de la estrategia para imponer el modelo, torpe hasta ahora por haber sido descubiertas porque la mediocridad de quienes quieren implementarla está a la vista. No obstante el gobierno sí tiene el rumbo claro a pesar de la torpeza y de lo que se diga: otorgarle al poder real, es decir la oligarquía, más beneficios y riquezas sin importarle a quienes pisotean.
La existencia de las ollas populares, dos años después de la pandemia, con un sector exportador con beneficios multiplicados, es otro ejemplo de lo que le importa a este gobierno y sus adherentes a costa del bienestar del pueblo trabajador y de los sectores más expuestos y vulnerables. La pésima reforma educativa y la reforma al sistema de jubilaciones hablan claramente de la pretensión de educar a ciudadanos limitados y sumisos y que trabajen más años, hasta los 65 en principio, que en algunos sectores puede ser posible y otros no, pero con jubilaciones más bajas que alivien las arcas del estado, con más recargas en el ahorro para el trabajador y así grabar menos a los sagrados ingresos e los sectores privados.
Uruguay está en la encrucijada. Tal vez el modelo Tatcher no funcione en el país porque una organización de partidos de izquierda y algunos sectores de centro, con una larga tradición en la arena política, y sindicatos que mantienen vivos principios y valores de la resistencia a la opresión a pesar de los esfuerzos por someterlas.
En todo caso los tropezones y porrazos del actual gobierno y su presidente hablan de que es acertada la estrategia de la oposición: no los empujes del poder, deja que la misma dinámica de sus errores sigan siendo la pala que cave la fosa donde serán enterrados en 2024.
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